Una comisión investigará si el cambio de una canalización benefició a Sala Alperi acepta la propuesta de la oposición de revisar el proyecto

Una comisión especial solicitada por la oposición de Alicante, y aceptada por el alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, intentará despejar si existió trato de favor a Vicente Sala, presidente de la CAM, en la modificación del trazado de la canalización del Barranco Juncaret. Sala asegura que el cambio de itinerario no le beneficia, pero las empresas que han recurrido el proyecto ante el TSJ sostienen lo contrario. La Consejería de Obras Públicas, promotora de la obra, no justificó en el proyecto la modificación del trazado.

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Alicante, el PSPV y EU, parten de un hecho irrefutable: el planeamiento urbanístico de la ciudad, aprobado en 1987, dibujó el encauzamiento del barranco del Juncaret en línea recta, en su tramo comprendido entre Santa Faz y Vistahermosa, donde Vicente Sala y su familia son titulares de una propiedad superior a los 200.000 metros cuadrados. Pero la Administración autonómica proyectó, seis años después, un recorrido curvilíneo, más largo y más caro, que supuestamente beneficia a Sala, porque aleja el cauce de su residencia y de los chalés de sus hijos, y perjudica a otro empresario con el que ahora mide sus fuerzas: Antonio Borrás.La consejería niega la mayor: "Difícilmente puede modificarse un trazado anterior que no existe". Y es que el Consell no admite que el trazo rectilíneo del Plan General de Alicante, que partía en dos las propiedades de Sala y que discurría muy próximo a sus viviendas, condicione proyectos ulteriores. A su juicio, la finalidad de ese documento no es definir trazados, sino "indicar una solución aproximada".

Proyectos opuestos

Pero, en realidad, el trazado aprobado poco se aproxima al previsto por el plan general de la ciudad. Son diametralmente opuestos. La consejería tiene una justificación: "La finalidad del PGOU no es definir el trazado de un encauzamiento, porque es un instrumento que carece de estudios de detalle sobre inundabilidad y condiciones del terreno, grafiado a escala insuficiente".

Sólo un proyecto de ingeniería, dice la Administración, puede resolver el trazado del encauzamiento de un barranco, en el que tiene la máxima importancia el conocimiento detallado de la morfología del terreno y del régimen de avenidas en caso de lluvias.

La controversia se dirime ahora en tres frentes: en el Tribunal Superior de Justicia, que ha admitido a trámite el recurso contencioso interpuesto por dos mercantiles afectadas por el nuevo trazado; en el Ayuntamiento, donde el PP ha accedido a convocar una comisión especial de Urbanismo para esclarecer el caso, y en Obras Públicas, que se afana en justificar su proyecto y adelanta un veredicto: su actuación, asegura, no se ha orientado en ningún momento hacia la protección de intereses particulares en detrimento del interés público.