Más de 1.500 plazas de asilos son ilegales y faltan 10.000 para alcanzar la oferta recomendada

El número de plazas en residencias de ancianos que escapan a todo control de la Generalitat asciende a una cifra que oscila entre las 1.500 y las 2.000, según afirmó ayer la presidenta de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana (Aerte), Brigitte Boghemans. Estos centros, generalmente pequeñas casas de campo alejadas de los núcleos urbanos que albergan a un número reducido de residentes -entre cinco y 15-, no han solicitado ni la licencia de apertura ni de funcionamiento a la consejería de Bienestar Social y funcionan de espaldas a la normativa que regula la actividad de este tipo de recintos.La representante de las residencias privadas recordó ayer el importante papel que tiene la Administración autonómica en resolver esta situación y reducir el número de residencias piratas. Boghemans apuntó hacia la responsabilidad que tienen los servicios de inspección de Bienestar Social y la necesidad de aumentar sus efectivos para que puedan realizar de forma más efectiva su función. Los funcionarios inspectores "no dan abasto", según la portavoz de las residencias privadas. La consejería cuenta con seis inspectores de los 16 que debería tener, según establece la ley de Servicios Sociales de 1997.

Otro de los aspectos sobre los que incidió Boghemans fue la distancia que separa la relación de plazas de residencias recomendadas por el Plan Gerontológico Nacional por cada 100 personas mayores de 65 años a la existente en la Comunidad. Haría falta crear unas 10.000 camas -que se se sumarían a las 13.500 existentes entre públicas y privadas- para alcanzar la relación de 3,5 plazas por 100 mayores, según afirmó. De momento, la representante de los 71 centros que forman parte de Aerte ya ha anunciado que a lo largo de este año entrarán en funcionamiento unas 1.000 plazas privadas más, un ritmo de crecimiento que se mantendrá durante 2001. En la Comunidad existen 191 residencias, de las que 34 son públicas, unas 70 pertenecen a instituciones sin ánimo de lucro y unas 85 pertenecen a empresas privadas.

El crecimiento de plazas públicas es notablemente inferior al de privadas. Frente a las 1.000 nuevas camas privadas que está previsto que entren en funcionamiento, la propia responsable de Bienestar Social, Carmen Mas, reconoció recientemente en las Cortes que el aumento de nuevas plazas públicas a principios de 2001 se situará en las 535.

Boghermans realizó estas declaraciones en el salón de actos de la dirección territorial de Valencia de la Consejería de Bienestar Social, donde presentó un catalogo con el listado y condiciones de las residencias asociadas a Aerte. La Administración, además de ceder el local, respaldó a la presidenta de Aerte con la presencia de la directora territorial, Carmen de Rosa. Boghemans señaló que se encuentra en negociaciones con la consejería para ampliar los conciertos con la Adminsitración a través de un nuevo programa destinado a subvencionar la estancia en los centros de día, un bono día similar al existente bono residencia.