Agua de Cortes denuncia el intento de la Generalitat de privatizar la empresa
La sociedad Agua de Cortes acusó ayer a la Generalitat de intentar ahogar a la empresa con el propósito de privatizarla. El caso arranca de 1990 cuando la Generalitat avaló dos créditos de 306 millones de pesetas para inversiones en la planta embotelladora. Ésta no satisfizo el pago del crédito y los avales se ejecutaron. La entonces Administración socialista llegó a un acuerdo con Agua de Cortes para la devolución del dinero que el Gobierno del PP no respetó. La empresa ha acudido a los tribunales de Castellón para evitar la subasta de sus bienes, prevista el 26 de abril.
La localidad de Cortes de Arenoso, de 420 habitantes, decidió hace una década que el agua de sus manantiales le podía dar no sólo de beber sino de comer. El ayuntamiento, con un 52% de las acciones, y 264 ciudadanos, constituyeron una sociedad para explotar el agua natural envasada. Ahora, con una economía local que gira en torno a esa empresa, que factura 500 millones de pesetas anuales, la Consejería de Economía amenaza con "ejecutar" lo que ellos consideran avales por valor de 306 millones de pesetas concedidos cuando la embotelladora inició la actividad. La empresa ha presentado una demanda en el Juzgado de Primera Instancia de Castellón contra la Generalitat en la que solicita "la anulación del procedimiento sumario hipotecario" contra Agua de Cortes. Si no se logra, el 26 de abril se subastarán los bienes de esta industria, que emplea a 60 trabajadores. "Economía intenta ahogar la empresa social para entregarla a sus amigos", anunció el alcalde de Cortes, José Mata.
El alcalde socialista de Cortes de Arenoso, junto a los gestores de la empresa, fueron ayer contundentes: "Una ayuda financiera de la Generalitat nos ayudó a reflotar esta empresa social; ocho años después, la misma administración pretende hundirnos". Mata dijo que la subasta hará inviable la continuidad del negocio, "ya que la marca y el agua son de propiedad municipal, no de la mercantil". Según el alcalde, uno de los impulsores del proyecto, "habría que preguntarse quién está detrás de esta operación". Los gestores arguyeron ayer que llevan cuatro años obteniendo beneficios y ofreciendo viabilidad a una zona muy deprimida del interior.
El caso arranca con la concesión en 1990 y 1992 de dos avales por parte de la Generalitat a la empresa de aguas para dos créditos destinados a inversiones. Las dificultades del inicio impidieron a la empresa satisfacer los pagos del préstamo y el Banco de Crédito Local reclamó y cobró del Consell el aval de 306 millones de pesetas. Fue entonces cuando la empresa y la Generalitat acordaron un protocolo para garantizar la viabilidad de la empresa que obligaba a la devolución de esa cantidad con cargo a las reservas propias. El acuerdo obligaba, además, a la empresa a no repartir dividendo hasta que no se amortizase el crédito y a obtener beneficios superiores al 5% cada año. Este acuerdo se ha cumplido escrupulosamente.
Cuando el PP llegó a la Generalitat rechazaron el acuerdo. La Consejería de Economía requirió el pago inmediato de la deuda en 1997, su contabilización como pasivo de la empresa y abrió la puerta a que se capitalizase la deuda. Las "amenazas" de la Generalitat, según el alcalde, persiguen "obtener el control de la empresa ahora que está implantada y da beneficios para posibilitar su venta o privatización a favor de los amigos del señor Zaplana y del señor Aznar". Mata puso ayer ejemplos del afán privatizador de los populares desde Telefónica a Repsol. "¿Quién ha adquirido la empresa de aguas de Artana, Orotana?", se preguntaba ayer el alcalde, al recordar los intereses que tuvieron en dicha mercantil la familia del vicepresidente Rodrigo Rato.
El ayuntamiento ha propuesto en este tiempo diversas salidas, como compartir la gestión de la empresa con la Administración, pero siempre que las acciones no sean vendidas a personas ajenas a Cortes de Arenoso. Sin embargo, lo que más indigna a Aguas de Cortes son las ayudas otorgadas a las aguas del balneario de Benasal o de Begís, cifrada en 750 millones de pesetas y 200 millones. Ambos municipios, alegó Mata, están regidos por alcaldes del PP.
Los vecinos de la localidad crearán una plataforma están dispuestos a llevar el conflicto al Parlamento Europeo. El diputado de EUPV, Ramón Cardona, que visitó ayer Cortes de Arenoso, anunció ayer que presentará una iniciativa parlamentaria en ese sentido. Cardona dijo que la intenciones de la Generalitat se enmarcaban en un afán por "expoliar y robar".
El consejero de Industria, Fernando Castelló, dijo ayer que "no pueden haber tratos de favor ni a particulares ni a ayuntamientos". Desde Economía se insistió en que la Generalitat cuenta con una sentencia favorable para ejecutar los avales.
