Mala suerte

ESPERANZA PELÁEZTouti Kakreti es un chico de 21 años con muy mala suerte. Hace dos llegó a España desde Argelia. Acabó en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Capuchinos (Málaga) con una orden de expulsión en el bolsillo. Mientras estaba allí, un grupo de compatriotas suyos prendió un montón de colchonetas del módulo donde estaban encerrados. Despertó envuelto en llamas. Pasó 100 días en el hospital. Salió vivo, pero perdió gran parte de las dos orejas y de un dedo de la mano derecha. El fuego le dejó también cicatrices en el cuello y la cabeza y un montón de complejos y traumas.

La Sala Primera de la Audiencia de Málaga ha condenado a los autores del incendio a pasar ocho años en la cárcel y a pagar casi nueve millones de pesetas en concepto de indemnización. Pero Kakreti sabe que lo más probable es que no vea ni una peseta, porque los condenados son insolventes y el Estado ha sido eximido de responsabilidad civil subsidiaria.

Sin embargo, durante el juicio, los policías que estaban a cargo del centro reconocieron que el salvamento fue muy difícil porque la única puerta por la que los podían evacuar estaba cerrada con llave y, como la luz se había ido a causa del incendio y tampoco había luces de emergencia, hasta que llegaron los bomberos, únicamente pudieron vaciar en vano dos extintores y tratar de apagar las llamas que envolvían a los internos con una manguera de mano.

El comisario jefe de policía, Víctor Olmo, reconoció también en el juicio que después del gran incendio habían ocurrido otros dos más en el centro. Y cuando se iniciaron las obras de remodelación de Capuchinos, el subdelegado del Gobierno, Carlos Rubio, dijo que la reforma preveía la instalación de un sistema contra incendios, lo que significa que se conocía el riesgo de desgracias como la que ocurrió en mayo de 1998.

La sala ha esgrimido dos razones incontestables para justificar la exención de culpas del Estado: los autores del incendio no eran funcionarios ni personal directamente dependiente del Estado y los agentes que estaban a cargo del centro no actuaron de manera negligente. La decisión está avalada por la legalidad, pero no deja de ser mala suerte que Kakreti se quemase allí. Si el incendio hubiera ocurrido en una discoteca, o en una pensión que careciera de medidas contra incendios. ¿Se hubiera eximido de responsabilidad civil subsidiaria a sus dueños?