Una operación vigilada

La "pretendida" fusión del BBV y Argentaria, según la calificó ayer el ministro portavoz, Josep Piqué, fue conocida, en todas las fases de su preparación, según se explicó en su momento, por el Ministerio de Economía, por La Moncloa e incluso por la dirección del PP.Lo contrario hubiera sido difícil si se tiene en cuenta que el Ejecutivo se reservó la posibilidad de vetar cualquier operación que no fuera de su agrado -a través de la denominada acción de oro o golden share- tras la privatización de Argentaria. Las negociaciones entre ambas entidades, de las que hubo incluso testigos, se mantuvieron en secreto como no podía ser de otra forma, hasta que cuajaron en el acuerdo de octubre.

Tras el anuncio de la gran operación, y mientras se multiplicaban las reacciones, el ministro de economía y Hacienda, Rodrigo Rato, calificó la fusión de "operación empresarial y profesional".

El secretario de Estado de Economía, Cristóbal Montoro, señaló, por su parte, que el Gobierno vigilaría por la competencia.

En general, las valoraciones que se hicieron desde el Gobierno y desde los sindicatos fueron favorables.

El único escollo que opuso el Gobierno central a la fusión del BBV y Argentaria, que la sede del nuevo banco se instalara en Madrid, se resolvió finalmente a favor de las tesis del BBV, que atendiendo a las recomendaciones del Gobierno Vasco, inclinó la balanza de la sede hacia el País Vasco.