Varios centros públicos de Alicante niegan la asistencia sanitaria a extranjeras embarazadas

"Sanidad cura a las personas, no se dedica a pedir los papeles". El lema del consejero de Sanidad, José Emilio Cervera, no les ha servido de nada a la decena de mujeres embarazadas a quienes se les ha negado atención sanitaria en centros públicos, según la asociación Alicante Acoge. Sanidad ha señalado que este suceso es un hecho aislado y que iniciará una investigación. Mientras, Médicos del Mundo denuncia que las facturas que se emiten a los inmigrantes irregulares que reciben asistencia de urgencia "asusta y coarta" a los extranjeros que acuden a los hospitales públicos. Desde la consejería se afirma que estos casos corresponden a casos previos a la entrada en vigor de la ley de Extranjeria.

Alicante Acoge señaló ayer que se está "conculcando" la nueva Ley de Extranjería, y en concreto el artículo 12.4, que textualmente recoge: "Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tendrán derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto".Los médicos y las asistentes sociales del servicio sanitario de Alicante Acoge han recibido en las últimas semanas varias quejas de mujeres en avanzado estado de gestación a las que los centros públicos han puesto trabas a la hora de atenderlas, además de exigir a las pacientes el pago de la consulta. Alicante Acoge apoya su denuncia con facturas, como una emitida el pasado día 8 por el Hospital General de Alicante por un importe de 131.000 pesetas. "En uno de los casos detectados, una de las pacientes extranjeras, en avanzado estado de gestación, tuvo que ingresar la pasada semana en el Hospital General de Alicante", asegura Carlos Gómez, director técnico de la asociación solidaria. "Una vez en el centro, le comunicaron que para ser admitida tenía que abonar el importe de la factura al finalizar la hospitalización requerida. Ello llevó a la mujer a abandonar el hospital sin ser atentida", añade.

El dirigente de Alicante Acoge asegura que en otros centros de salud de la provincia también se han negado a atender a embarazadas extranjeras, "alegando que no tenían instrucciones al respecto, lo que ha llevado a estas mujeres a dirigirse a Alicante Acoge para comunicar estos hechos".

Para el colectivo de apoyo a los inmigrantes, Sanidad ha cometido una "grave negligencia" al no cursar a los responsables de los centros de la red pública órdenes claras para el cumplimiento de los preceptos de la Ley de Extranjería. Alicante Acoge envió ayer un escrito al titular de Sanidad, José Emilio Cervera, denunciando los hechos e instándole a aplicar en el ámbito de la Comunidad la nueva normativa.

La Consejería de Sanidad señaló que investigará las acusaciones vertidas sobre los centros de Alicante. A través de un comunicado aseguró que todos los centros de la red pública prestan asistencia, tanto en el nivel de atención primaria como especializada, a cualquier persona que la demanda, "aunque no presente la documentación acreditativa de su inclusión en la Seguridad Social".

Sanidad sostiene que el Consell "se ajusta escrupulosamente" a la normativa legal en materia de asistencia sanitaria a los inmigrantes con residencia no legal en la Comunidad. "Si el paciente manifiesta su condición de extranjero ilegal, así como que no dispone de medios para abonar el importe de los gastos, se procede al archivo del expediente". "No se ha cobrado a ningún ciudadano inmigrante ilegal", recalca el comunicado.

Sí reconocen, sin embargo que se emiten facturas a los inmigrantes atendidos, ya que señalan que las intervenciones se practicaron antes de la entrada en vigor de la nueva ley de Extranjeria, el 1 de febrero. Sanidad afirma no se emitirán nuevas solicitudes de pago por los servicios realizados a sin papeles de las asistencias practicadas a partir de este mes.

Médicos del Mundo denunció ayer los efectos coercitivos de la expedición de las facturas y exigió a Sanidad que elabore una cobertura legal que garantice la atención sanitaria global de los inmigrantes,.

La denuncia de Alicante Acoge fue recogida por sindicatos y partidos, informa Ezequiel Moltó. CC OO calificó de "barbaridad y esperpento burocrático" la situación, y exigió al Consell que garantice la cobertura social a las extranjeras. En el mismo sentido se expresó el senador socialista Ángel Franco, que exigió la apertura de una investigación, mientras Josep Albert Mestre, secretario general de Nova Esquerra, adelantó que el caso se trasladará a las Cortes Valencianas para su debate político.