La iniciativa pública cede terreno al capital privado

El ministro de Fomento, Rafael Arias-Salgado, inició su mandato con un golpe de efecto. Logró ponerse de acuerdo con el presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, para consensuar un trazado que permitiese acabar la autovía Madrid-Valencia. Algo que fue incapaz de solucionar el último ministro socialista del ramo, José Borrell.Aquella audaz iniciativa no tuvo continuidad. Sus decisiones fueron dando paso a un rosario de pasos erróneos que no han despejado las grandes incógnitas que sobrevuelan sobre el futuro de las infraestructuras.

El principal es la financiación.El control de las cuentas públicas impuesto desde Bruselas ha obligado a todos los Gobiernos europeos a mirar el euro hasta extremos insospechados. La inversión pública en infraestructuras fue, ha sido y será la primera en padecer esta política. Ello ha llevado a dar entrada al capital privado en su sustitución.

Hasta qué punto debe permitirse esa colaboración es el corazón del debate. El Partido Popular es abiertamente partidario de arrojarse en brazos de la iniciativa privada.

Los últimos cuatro años están repletos de ejemplos, como la prórroga de las concesiones de autopistas o las masivas convocatorias de concursos para hacer nuevas autopistas de peaje, algunas de ellas situadas en las salidas o entradas de grandes ciudades como Madrid. Unas grandes ciudades que, por otra lado, continúan agonizando dentro de sus atascos. Pero los ejemplos del matrimonio con la iniciativa privada también aparecen si se mira al futuro, pues el gran proyecto inversor del PP para los próximos años le da un papel relevante.

Los partidos de la oposición, encabezados por el PSOE, y los sindicatos proponen la práctica desaparición del capital privado en los nuevos proyectos de infraestructura, especialmente en los ligados a carreteras y trenes.

El transporte ferroviario está aún bajo los efectos del síndrome AVE. Tras el espectacular éxito del Madrid-Sevilla, prácticamente todas las localidades españolas quieren su tren de alta velocidad o, en su defecto, uno de velocidad alta.

El Madrid-Barcelona-frontera francesa marcha a pasos agigantados y están sobre la mesa los dirigidos a Valladolid o la costa valenciana. En cualquier caso, se echa de menos un proyecto realmente solvente para la variante Norte, un eje vital para acortar dos horas los recorridos a todo el norte de la Península. Un trazado que, además, aliviaría los serios problemas de comunicación que aún se perciben en la cornisa cantábrica.

La Renfe del siglo XXI es otra de las incógnitas a despejar y otro de los casos en los que la tendencia es propiciar la entrada de capital privado. De hecho, la compañía pública ya tiene en marcha proyectos, como el uso de las estaciones como centros comerciales, en los que trabaja con socios privados. En el futuro se adivina a Renfe y sus competidoras, filiales de grandes constructoras, circulando por la misma vía.

Pero el auténtico gran reto, derivado del mayor borrón de la gestión del Gobierno popular en materia de infraestructuras es solucionar el caos aeroportuario en el que está sumida España. Quedan pendientes las ampliaciones de los aeropuertos de Madrid-Barajas y de El Prat, de Barcelona, y ronda la posibilidad de privatizar la gestión aeroportuaria.

A las infraestructuras hidráulicas también les queda camino por recorrer. El esperado plan Hidrológico del PP no ha llegado a ver la luz, a pesar de los cuatro años de los que ha dispuesto. Los expertos coinciden en que una de las tareas prioritarias del Gobierno que salga de los comicios del próximo 12 de marzo es reordenar la política hidrológica y advierte de que, en las actuales condiciones, una fuerte sequía desencadenaría serios problemas.

En el campo de las telecomunicaciones, la gran laguna es el dessarrollo del cable. Lo que hace unos años, antes del boom de los teléfonos móviles, parecía la columna vertebral del desarrollo de las telecomunicaciones quedó frenado en seco. En los últimos meses está saliendo de su ostracismo, aunque la eclosión aún no se ha producido.

Ese retraso en el desarrollo del cable derivó en una mayor utilización de las redes ya instaladas de Telefónica, lo que implicó que la operadora ralentizase las inversiones destinadas a la mejora de sus infraestructuras.