Los socialistas de Elche denunciarán a EU y PP por acusaciones falsas

Las acusaciones de "trato de favor", "pelotazo" y "operación hecha a medida", vertidas en los últimos días por EU y PP contra el equipo municipal de gobierno de Elche que dirige el socialista Diego Macià, al socaire de operaciones urbanísticas calificadas de "dudosa legalidad", es probable que acaben en los tribunales. El PSPV, con mayoría absoluta en el Consistorio, anunció ayer que emprenderá acciones legales contra el portavoz popular, Fernando Vargas, y su homóloga de EU, Ángeles Candela, por realizar "acusaciones graves y falsas que dañan seriamente el honor del gobierno municipal", según señaló el socialista Carlos González.González declaró que su grupo se ha visto abocado a ejercer "una defensa enérgica y contundente de los miembros del gobierno, después de que muchos pensaran que en esta época todo vale". En los próximos días, los socialistas llevarán a cabo "un análisis" de las declaraciones efectuadas por los partidos de la oposición "para ver cómo se plantean jurídicamente las acciones". La decisión de restringir a Vargas y Candela las demandas y no extenderlas a otros ediles del PP que se han pronunciado en el mismo sentido se debe, según González, a que ambos, "aliados circunstanciales", han realizado las acusaciones más graves.

Una de las denuncias realizadas por EU se basa en que el Ayuntamiento ocupó unos terrenos tras alcanzar un acuerdo de permuta con el promotor Ramón Salvador, en un momento en que el empresario no era el propietario legal de la finca, y negoció en base a una opción de compra. Carlos González asegura que en los expedientes figura un contrato de compraventa privado entre Ramón Salvador y los primitivos propietarios de la finca, firmado en junio.

Esta versión choca frontalmente con la que mantiene Candela, quien, tras revisar los expedientes, afirma que sólo se adjunta una opción de compra que no especifica cantidad ni fecha en la que se consumaría la transacción.

Informe del secretario

La Concejalía de Urbanismo de Elche hizo público ayer un informe, firmado por el secretario general del Ayuntamiento, que mantiene que la operación urbanística entre la institución pública y el constructor "se ajusta a los medios legales de que disponen los ayuntamientos para la adquisición de bienes". El escrito detalla las figuras administrativas a las que puede acogerse una institución pública para conseguir suelo, y puntualiza que el Consistorio debe inclinarse, en cada caso, por ejecutar una permuta, compraventa, expropiación o transferencia de aprovechamiento "según considere más conveniente a los intereses generales y mejor se adapte al principio de eficacia administrativa". La ampliación de la parcela objeto de la permuta se justifica para futuras dotaciones educativas.