Ocho grandes pactos, 30 planes y 38 reformas legislativas

Los 215 folios en los que el PP ha resumido su programa electoral, titulado El compromiso del centro, contemplan hasta 14 pactos de cooperación con todos los partidos demócraticos, especialmente con el PSOE; el objetivo de efectuar una treintena de planes nacionales sobre los más diversos ámbitos, y otras 38 reformas o iniciativas legislativas. Los 14 pactos de colaboración, que están dirigidos sobre todo a los socialistas, se subdividen en función de su importancia y por áreas. Entre los denominados Grandes Acuerdos Nacionales se encuentran ocho.

El primero de ellos es una oferta para consensuar una "agenda de diálogo social" sobre movilidad, seguridad e higiene en el trabajo, así como la renovación del Pacto de Toledo, el nuevo sistema de formación profesional y una serie de aplicaciones y contratos en el mercado laboral.

El segundo se centra en la financiación autonómica. Es una oferta de diálogo a todas las comunidades autónomas y formaciones para alcanzar en la nueva legislatura el acuerdo que garantice la profundización del proceso de consolidación fiscal.

El tercero se vuelca en la justicia. En él se incluiría un acuerdo también con las fuerzas parlamentarias para la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

La cuarta gran alianza persigue, por un lado, la reforma del reglamento de funcionamiento de las Cortes Generales, y en particular del Congreso de los Diputados; y, por otro, consenso para mejorar y cambiar la regulación de la financiación de los partidos y para establecer un método general para montar las comisiones de investigación tanto en el Parlamento como en otras instituciones políticas autonómicas e incluso locales.

El quinto pacto general es para modificar la ley electoral vigente.

Las televisiones

El sexto, para actualizar el estatuto de RTVE y de las demás televisiones públicas, tanto estatales como autonómicas o locales. En ese punto se fijarían los criterios sobre la elección de los máximos responsables de esos entes y los límites para su financiación.

El séptimo pretende impulsar la transferencia de competencias y de poder económico de las comunidades a los ayuntamientos. Ligada a ese acuerdo, se plantea la necesidad de una política conjunta entre el Estado, las comunidades y los ayuntamientos para incrementar la oferta de suelo y abaratar el precio de la vivienda.

El octavo gran acuerdo de los previstos sería para elaborar un plan hidrológico y otro de regadíos.