Bienestar Social tiene en espera 4.300 pensiones no contributivas
Bienestar Social tiene amontonados más de 4.300 expedientes de pensiones no contributivas pendientes de tramitar sólo en la provincia de Valencia. La falta de personal y de medios y la preferencia del departamento que dirige Carmen Mas por modelos como la ayuda a amas de casa -instaurado por el PP-ha castigado la agilidad en la expedición de estas pensiones dirigidas a los sectores sociales más desprotegidos. La media de espera hasta que se concede la pensión oscila entre los 12 y los 14 meses.
Los miles de expedientes atascados conviven con las quejas de usuarios que se lamentan de la tardanza en la tramitación de las pensiones. "¿De qué vivo hasta que recibo la prestación?", se pregunta una persona en un escrito dirigido a Bienestar Social. Un jefe de negociado, un administrativo y siete auxiliares administrativos han de hacer frente en la dirección territorial de la Consejería de Bienestar Social en Valencia a las más de 4.300 solicitudes de pensiones no contributivas que se apilan en el departamento. El retraso es tal que desde que Bienestar Social recibe una solicitud hasta que se concede suelen transcurrir entre 12 y 14 meses, tiempo durante el cual carecen del dinero de la pensión y los beneficios que la acompañan. Esta situación puede verse afectada en breve. Dentro de varias semanas comenzará el periodo de revisión de las pensiones existentes -unas 23.000- por lo que todo el personal se volcará en esta labor, retrasando aún más la tramitación de las nuevas solicitudes.
Esta prestación, instaurada en 1991, está destinada a las personas mayores de 65 años que no han tributado a Hacienda el tiempo suficiente o no lo han hecho nunca, y para aquellos que cuentan con un grado mínimo de minusvalía del 65%. El subsidio que lleva aparejado oscila entre las 40.260 pesetas y las 10.020 pesetas en función de los ingresos de la persona afectada, pero además comporta beneficios como la exención total en la compra de medicamentos o la atención sanitaria.
El embudo existente en Valencia no se debe de forma exclusiva a la falta de personal. A pesar de que, por ejemplo, la provincia de Albacete cuenta con ocho personas para una población asistida cinco veces inferior a la valenciana, a esta situación se suman problemas de otro tipo. De un lado, Bienestar Social ha primado proyectos no universalistas -como es el de las pensiones- y patrocinados por el Gobierno popular como el sueldo a amas de casa con ancianos a su cargo, destinado a desahogar la lista de espera existente en las residencias de la tercera edad.
Además, existen determinados errores informáticos en el programa que emplean los sobrecargados funcionarios que tramitan las pensiones mínimas sin resolver que provocan que tengan que realizarse a mano los cálculos de las pensiones que corresponden a las personas que las solicitan.
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