La seguridad, una necesidad inaplazable
La nueva legislación sobre prevención de riesgos laborales, que entró en vigor hace cuatro años, significó una nueva filosofía preventiva y la puesta en marcha de un conjunto de mecanismos, órganos de participación, nuevas obligaciones y compromisos, que vinculaba a todos: empresarios, trabajadores y también a los poderes públicos, a quienes se les encomienda velar por el cumplimiento de la ley e impulsar las directrices preventivas. Pero siendo importante, la ley por sí sola no puede hacer que los accidentes laborales se reduzcan. La realidad de cada día en los centros de trabajo es que la ley es ignorada por la inmensa mayoría de los empresarios. Un reciente informe de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) reconoce que sólo un 11% de los empresarios conoce la ley. Y si no se conoce, es difícil que realicen el análisis de los peligros de los puestos de trabajo y se pongan en marcha las medidas que eviten que cada día 400 trabajadores sufran un accidente laboral en Euskadi o que cada dos días y medio de promedio un trabajador muera en su puesto de trabajo.
En menos de cinco años, la siniestralidad laboral se ha incrementado en Euskadi casi un 43%, y en el último año hemos superado la barrera de los 100.000 accidentes. En este panorama, nada hace prever que se produzca en los próximos tiempos una merma de los mismos. Esta situación no tiene un justificación económica y, mucho menos, ética y social.
La experiencia de nuestro sindicato en las empresas es que se está produciendo un deterioro de las condiciones laborales, que lleva a este alto índice de siniestralidad. El 60% de los accidentes lo sufren quienes tienen un contrato temporal. Otra de las causas del incremento de accidentes es que el 70% de las empresas no han hecho evaluación de los riesgos laborales, lo que significa que se desconocen realmente los peligros a los que estamos expuestos los trabajadores. Del total de accidentes, tan sólo el 2% han sido investigados por las administraciones. Tenemos una Inspección de Trabajo que dispone de un inspector por cada 30.000 trabajadores, mientras que en Europa, la media es de uno por cada 6.000 asalariados. Esto demuestra que no hay una apuesta por parte de Gobierno para investigar más los accidentes. Y una vez investigados, en los pocos casos que sanciona, es la Administración vasca la que atenúa la falta, reduce la sanción y en muchas ocasiones las elimina.
Al final parece que el accidente laboral es el riesgo a correr o el peaje que tenemos que pagar los trabajadores por el hecho de ser contratados, ya que con su actitud la Administración vasca da la sensación de que la sanción a las empresas puede dar lugar al cierre de las mismas o a la reducción de plantilla. Todo esto sucede en el mejor momento de bonanza económica y de obtención de cuantiosos beneficios por parte de los empresarios.
En los accidentes no todos tenemos el mismo grado de responsabilidad. La mayor responsabilidad recae en el empresario, que es quien tiene que garantizar y velar por la seguridad y la integridad física del trabajador, y quien debe facilitar la información y formación adecuda a los empleados para que conozcan los riesgos a los que se exponen en cada puesto de trabajo. La siguiente responsabilidad es de la Administración vasca, que tiene plenas competencias de ejecución de la legislación laboral y debería hacer buen uso de ella.
Como sindicado estamos denunciando los incumplimientos de la ley, reclamando medidas a los empresarios a través de los delegados de prevención que estamos nombrando en cada empresa, a los que estamos impartiendo formación adecuada para exigir el análisis de la evaluación de los riesgos en los centros de trabajo. Mientras los empresario sigan primando factores de índole económica por encima de la salud y la vida, continuarán sin tomar medidas preventivas obligatorias y necesarias para evitar accidentes, y seguirán trasladando una buena parte del corte que generan los accidentes a la sociedad, incrementando gastos en sanidad y en pensiones cuantificados en dos billones de pesetas al año en el conjunto del Estado. Y los accidentes seguirán aumentado, ocasionando traumas físicos, emocionales y económicos en los accidentados y sus familiares.
Javier Bermejo Rol es secretario de Acción Sindical de UGT-Euskadi.
