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Tribuna
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OPINIÓN Investigadores

A finales de 1999, el Gobierno español aprobó el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e Innovación (2000-2003) que fija la política a desarrollar en esta vertiente. El plan se propone, entre otros objetivos, reducir diferencias entre los indicadores de I+D de nuestro país y los correspondientes a la media de los países de nuestro entorno inmediato. Los tres indicadores en los que España aparece peor situado son:1.- El insuficiente esfuerzo económico en Investigación y Desarrollo, que en los análisis más optimistas no supera el 0,9 % del PIB, frente a un promedio del 2.2 % de los piases de la OCDE.

2.- La insuficiente presencia del sector privado en la investigación. En términos económicos, las empresas privadas asumen algo menos del 50 % del esfuerzo español en I+D, frente al 65 % en los países de la Unión Europea.

3.- El número de investigadores por habitante, que en España asciende al 67% del valor promedio en los países de la Unión Europea. Este indicador es aún más significativo por cuanto más del 55% de nuestros investigadores son profesores universitarios que simultanean investigación y docencia.

Los indicadores citados son sensiblemente más desfavorables al referirlos a la Comunidad Valenciana, lo que hace necesaria una seria reflexión sobre nuestro sistema de I+D. Son datos tomados del borrador del estudio Las Actividades de Investigación y desarrollo en el Sistema Universitario, a publicar por la Consejería de Educación.

Aquí me referiré al último de estos indicadores, puesto de actualidad a raíz de los recientes acontecimientos en relación a los programas de formación científica de la Generalitat Valenciana, y que de hecho incide también sobre los dos anteriores.

El déficit en investigadores debe reducirse en todos los ámbitos para que nuestro país se homologue con su entorno, pero especialmente mencionaré dos de ellos: las empresas y las universidades. Contrasta con ese déficit el hecho de que, cada vez más, nuestras instituciones científicas mejoran sus programas de formación y que nuestro país dispone de una cohorte de científicos excelentemente formada en centros extranjeros con apoyo de los gobiernos central y autonómico. Nuestro sistema de I+D no es capaz de absorberlos. En ocasiones, incluso, los rechaza.

No es novedad la escasa presencia de científicos en empresas, ni el reducido número de éstas con departamentos o laboratorios de I+D. Es cierto que la dimensión de una gran parte de nuestras empresas es insuficiente para afrontar ese reto e integrar científicos en sus plantillas; pero, de no hacerlo así, pueden llegar tarde o no llegar a la concurrencia con sus competidores. Deberán propiciarse iniciativas imaginativas: asociaciones de empresas, institutos tecnológicos, etc., que integren a nuestros científicos en el sistema de I+D empresarial.

La situación en la universidad, se concreta en una problemática bien distinta. Los investigadores, aquí, son profesores que realizan su investigación a tiempo parcial, en razón de la docencia que deben impartir. Su rendimiento científico es, por término medio, excelente y las investigaciones crecen sin cesar en complejidad. Simultanear éstas con la docencia incide negativamente en los tiempos de respuesta, dificultando por esa misma razón las relaciones y planes conjuntos de investigación con sectores externos. Por ello es cada vez más necesario y urgente integrar en los grupos de investigación universitarios a profesionales cuya tarea preferente sea la de investigar, a fin de hacer frente al reto de complejidad que el desarrollo de la ciencia exige día a día, y poder dar una respuesta en su tiempo a las demandas que cada vez más el mundo empresarial plantea a la Universidad. En pocas palabras: Es necesaria y urgente la definición, en el organigrama de la universidad española, de puestos de trabajo para investigadores, en paralelo a la plantilla docente. Para ello deben adoptarse a la mayor brevedad las disposiciones legales y económicas que lo permitan e incluso lo fomenten. Es ésta una reivindicación que continuamente viene siendo planteada por la Universitat de València ante los poderes públicos.

Así, podría resolverse la paradoja que supone necesitar un número importante de nuevos científicos en nuestro sistema de I+D, disponer de gran parte de ellos, bien formados y, sin embargo no acogerlos.

Francisco Tomás es vicerrector de Investigación de la Universidad de Valencia.

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