Intelectuales instan a que la justicia actúe contra algunos políticos

Un grupo de intelectuales entre los que se encuentra el cineasta Benito Zambrano, el escritor Ian Gibson y universitarios como el catedrático Javier Pérez Royo o Rosalía Martínez, han firmado un comunicado en el que piden la apertura de diligencias judiciales para que se depuren las posibles responsabilidades legales de todos aquellos políticos y líderes de organizaciones que con sus declaraciones hayan contribuido a fomentar o justificar la violencia racista durante los últimos días de incidentes vandálicos ocurridos en El Ejido (Almería).Entre la lista de los firmantes del manifiesto se encuentra también María Ángeles Infante, presidenta de la Fundación Blas Infante, ideólogo del andalucismo; el catedrático de Derecho José Acosta y el escritor Andrés Sopeña. Exigen la detención de los responsables de las bandas organizadas que operan en El Ejido y el establecimiento de un plan de acción urgente destinado a la integración social de los inmigrantes que tenga en cuenta en su diseño la realidad social de la comarca y de los colectivos sociales en ella existentes, de manera que se sienten las bases para un diálogo cultural fundamentado en la absoluta igualdad de todos los individuos.

Sebastián de la Obra, de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz, manifestó ayer que dos organizaciones -Mujeres Progresistas y el Movimiento contra la Intolerancia- han pedido al fiscal que se abran diligencias. "Los políticos a los que nos referimos están en la cabeza de todos. Uno no puede buscar votos incluso con lo que no es justo. Hay gente que consigue votos alimentando lo peor de la naturaleza humana y eso, además de una responsabilidad moral, debe tener consecuencias legales", dijo.

"Se les niega el ocio"

En cuanto a los incidentes ocurridos estos últimos días en el pueblo almeriense, De la Obra dijo que no se pueden achacar a todo un colectivo, y por eso han querido ser prudentes en el comunicado aunque "realmente fue un brote xenófobo".

El adjunto al Defensor del Pueblo dijo que la situación de los inmigrantes en El Ejido es un caldo de cultivo para que se desate la violencia: "De cada 10 inmigrantes, seis viven en infraviviendas, aunque eufemísticamente se las llame cortijos. En su mayoría son hombres solteros, que vienen a ganarse la vida y a los que se segrega totalmente de la vida pública. Se les reduce al ámbito de trabajo y luego se les prohíbe que vayan a los lugares de ocio, que tengan una vivienda digna y unas condiciones educativas como el resto de la comunidad".

El comunicado muestra la repulsa de sus firmantes por las acciones delictivas individuales y exige que se adopten las medidas judiciales que el Estado de derecho debe garantizar.