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SERVICIOS EL REGLAMENTO OBLIGA A LA EMPRESA A COMPENSAR AL ABONADO

Consumidores y asociaciones vecinales reúnen denuncias por el corte de agua en Valencia

La Unión de Consumidores y la Federación de Asociaciones de Vecinos preparan denuncias contra el Ayuntamiento y la empresa Aguas de Valencia por el corte de suministro que la pasada semana dejó un día sin agua a cientos de miles de vecinos de la ciudad y su área metropolitana. El reglamento de abastecimiento de agua obliga a la compañía suministradora, en caso de un corte cuya duración supere las 24 horas sin que exista causa de fuerza mayor, a bonificar a sus abonados "con la mitad del valor del agua" recibida durante el mes en que se produzca el incidente.

Tanto la organización de consumidores como la entidad que engloba a las asociaciones de vecinos de Valencia están reuniendo estos días las denuncias de los ciudadanos de Valencia y sus alrededores que los pasados jueves y viernes se vieron afectados por el corte del suministro de agua potable, que la empresa suministradora, Aguas de Valencia,SA, atribuyó a unas obras realizadas en el canal Júcar-Turia. La compañía concesionaria del servicio -que no avisó del corte-, y el Ayuntamiento -que tardó 24 horas en reaccionar- aseguraron ayer que no han recibido denuncias.La Unión de Consumidores y la Federación de Asociaciones de Vecinos dijeron que han recibido numerosas llamadas de protesta, pero que son pocos los afectados que se han decidido a cursar una denuncia formal. Y es que, como suele pasar a menudo, los ciudadanos que padecen problemas como el que nos ocupa tienden a olvidarse una vez resuelto y finalmente no presentan denuncia. Salvo que hayan sufrido daños. Es el caso de varios vecinos que han reclamado por las averías sufridas en electrodomésticos, o de comunidades de vecinos cuyas bombas de presión se han quemado al funcionar en vacío.

La presidenta de la federación vecinal, Carmen Vila, consideró ayer "increíble" que el Ayuntamiento y Aguas de Valencia permitieran que se llegara a una situación así. "No es una anécdota, lo que ha ocurrido es un asunto muy serio", dijo Vila, quien, no obstante ayer remitió una carta a la alcaldesa, Rita Barberá, para mostrarle su "satisfacción" por la "profesionalidad" mostrada por la delegación del Ciclo Integral del Agua, que ha estado "trabajando durante todo el fin de semana para solucionar el problema pese a no ser el Ayuntamiento de Valencia responsable directo en este incidente".

Por su parte, la secretaria de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, Ana Zarzuela, anunció ayer el envío de un escrito al Ayuntamiento y a la compañía. En la carta los consumidores recuerdan que las condiciones contractuales son de obligado cumplimiento para ambas partes, señalan que el abastecimiento de agua es competencia municipal y piden "la indemnización por daños y perjuicios tal y como estipula el artículo 28 del Reglamento de Abastecimiento de Agua", que obliga a indemnizar a los abonados por un corte no causado por fuerza mayor.

Llaurí, sin suministro

Llaurí lleva dos días sin agua. La propiedad del único pozo de agua potable de esta localidad de la Ribera Baixa, de 1.300 habitantes, ha sido adjudicada a la empresa Transforma, SA, por un juzgado de Alcoy, que en 1998 decretó el embargo de la finca en la que se ubica el pozo y de otros bienes de propiedad municipal, como el polideportivo. El juzgado tasó en 21 millones de pesetas los daños que el Ayuntamiento de Llaurí ocasionó a la empresa alcoyana por haber inscrito como propiedad municipal unas parcelas de titularidad privada destinadas al polígono industrial. El agua dejó de manar el domingo. Varias decenas de manipuladores de naranjas dejaron de trabajar ayer, en plena campaña, debido a la decisión judicial, que afectó al funcionamiento de talleres, hornos, comercios y viviendas.El juzgado de Alcoy ha autorizado al Ayuntamiento a usar las instalaciones del pozo, pero manteniendo la propiedad privada de la finca en la que se encuentra. Esta medida no ha satisfecho al Ayuntamiento de Llaurí, cuyo alcalde, Bernardo Sanz, dijo ayer "que el juzgado de Alcoy debe entender que se trata de un servicio público".

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