El dueño de Cárnicas La Ribera pagará mil millones por defraudar a Hacienda
El propietario de Cárnicas La Ribera, una industria ubicada en Sollana (La Ribera) y ya desaparecida, ha sido condenado a pagar mil millones de pesetas de multa como responsable de un delito continuado contra la Hacienda Pública. José Anrubia, además, ha sido condenado a una pena de dos años y medio de prisión por la Audiencia de Valencia, que ha considerado probado que el empresario dejó de abonar, al menos, 369 millones de pesetas al fisco entre 1984 y 1988.El tribunal ha absuelto a los dos cuñados de Anrubia también acusados del fraude, defendidos por Francisco Manuel García Vicent, al considerar que el empresario "era quien decidía personalmente todo cuanto se hacía" en la empresa, "sin que nadie más tuviera capacidad para tomar decisiones". Y en ejercicio de esa potestad, siempre según el fallo, Anrubia "actuó en ejecución de un plan preconcebido", omitiendo "el pago de impuestos" que destinó "a su propio beneficio".
El fallo, redactado por el magistrado Carlos Climent, destaca los obstáculos interpuestos por Cárnicas La Ribera a la inspección fiscal realizada. A pesar de ello, y en contra de la tesis mantenida por la defensa de Anrubia, "la correción del trabajo" de los expertos de Hacienda es "sustancialmente aceptable" para el tribunal, asegura éste en la sentencia.
El tribunal impone al empresario una pena de dos años y medio de prisión
La pena impuesta por los magistrados a Anrubia, de dos años y medio de prisión, ha sido sensiblemente inferior a las solicitadas por el abogado del Estado y el fiscal, de 10 y cuatro años, respectivamente. Por varias razones, la principal de ellas, la cantidad defraudada.Las acusaciones estimaban que ésta era superior a los 2.000 millones de pesetas. En su opinión, Cárnicas La Ribera llevaba una contabilidad trufada de albaranes falsos o simplemente ininteligible para disminuir sus pagos por el Impuesto General de Tráfico de Empresas (ITE, al antecesor del IVA) o el impuesto de sociedades.
Las conclusiones de la sección primera de la Audiencia son similares, pero rebajan la gravedad del delito al considerar "que no hay segura constancia de que la suma realmente defraudada sea mayor" que los 369 millones mencionados.
Además, el tribunal atempera el castigo a Anrubia al considerar la existencia de una circunstancia atenuante en su actuación: la de la confesión del hecho delictivo, ya que la industria -y, por tanto, Anrubia- reconoció en 1990 haber contraído una deuda de 369 millones de pesetas, que nunca liquidó, con la hacienda pública.
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