El Figueres se persona como perjudicado en el 'caso Atlético' y pide ascender a Primera

El Figueres es hasta el momento el único que ha decidido personarse en el caso Atlético como perjudicado por la permanencia en Primera del Atlético, permanencia que el fiscal considera "indebida" ya que el club de Jesús Gil no debería haber conseguido la transformación en sociedad anónima deportiva si el Consejo Superior de Deportes hubiera conocido la verdadera situación patrimonial de la entidad en aquellos años. Según la querella de la Fiscalía Anticorrupción, "la indebida permanencia del Atlético en Primera División abocó a varios equipos al descenso de categoría; a otros les impidió ascender, al quedar una vacante en Primera; otros finalmente quedaron excluidos de las competiciones internacionales en las que tenían derecho a participar".El auto dice que los intereses patrimoniales y deportivos del Figueres se vieron perjudicados en dos ocasiones. Se refieren al final de la temporada 1991-1992, en la que descendieron a Segunda el Valladolid y el Mallorca y jugaron la promoción, sin ascender, el Betis y el Figueres (la disputó y perdió con el Cádiz después de quedar tercer clasificado de Segunda). Según la Fiscalía Anticorrupción, de haber sido expulsado el Atlético de Primera, uno de los dos equipos citados no hubiera descendido o uno de los segundos mencionados, hubiera ascendido a Primera. En la temporada 92-93, el Atlético también debió ser descendido a Segunda B, según Anticorrupción. Ese año descendieron a Segunda B el Figueres, el Lugo, el Sestao y el Sabadell, y según el fiscal, uno de ellos se hubiera salvado del descenso.Otros clubes afectados (Lleida, Palamós y Sabadell) prefieren no pronunciarse por ahora.

Por otra parte, el juez del caso Atlético, Manuel García-Castellón confirmó ayer la fianza de 125 millones as impuesta a Jesús Gil, y de 50 millones impuestas, respectivamente, a su hijo Miguel Ángel, director general del club, y Enrique Cerezo, ex vicepresidente del Atlético, para eludir la prisión. García-Castellón ratificó la suspensión del pago de 90 millones al ex técnico del club Radomir Antic y de 10 millones a su ayudante, Kunovad Resad, decidida por el administrador judicial, Luis Rubí. El magistrado rechazó también los recursos interpuestos por la defensa de Gil y de otros querellados contra la personación en la causa del PSOE de Marbella.

Por otra parte, informa Diego Torres, Rubí, no permitirá que Jesús Gil siga disfrutando de los servicios de su chófer, Antonio, cuyo sueldo corre a cargo del Atlético.