Los controles perezosos

En los últimos meses, el debate sobre el dopaje en el ciclismo ha sido también el debate sobre la EPO (eritropoyetina), aparentemente la sustancia más reclamada por los deportistas y la más perseguida por las instancias que rigen el ciclismo. Se han sucedido, como en una avalancha de disgustos, el caso Festina (la convulsión del Tour 98) y el caso Pantani (ídem del Giro 99), asuntos que en su día reventaron el orden ciclista, amenazando con destruirlo, pero que acabaron diluyéndose como tantos problemas de solución incierta o improbable.Son pocos los que se atreven a hablar de la realidad del ciclismo profesional, un universo sometido a las mismas leyes de competitividad que rigen cualquier industria e intoxicado por las mismas desviaciones: más que de competir se trata de sobrevivir, de ganarse un puesto en el mercado laboral, de alcanzar el máximo valor. O eso afirman en voz baja y lejos de los micrófonos parte de los interesados. El recurso a la trampa, más que un atajo para personas sin ética, acaba convirtiéndose en la única forma de no desfilar hacia el paro. La ilusión de los debutantes se desvanece pronto para tornarse en pura necesidad.

La mayoría de los ciclistas aficionados (hoy agrupados en la categoría élite y sub-23) pedalea a base de entrenamiento y fe en sí mismos. También los hay que aceptan sin pestañear su futuro profesional, posponiendo su inmersión en la realidad y contemplándola como un mal necesario que deberán asumir a la hora de firmar el primer contrato profesional. Y los hay que deciden adelantarse e imitar, sin serlo, a los profesionales. La cuestión, aparcada hasta hace poco, se convirtió en objeto de actualidad hace unos meses, cuando Iñaki Juanicorena, director de la prestigiosa escuadra guipuzcoana Kaiku, declaró que el recurso a la EPO en la categoría se hallaba cada vez más extendido. Sus palabras, y la controversía subsiguiente (alimentada por la hipocresía de los que no quieren reconocer lo que contemplan a su alrededor) resonaron fuerte en los despachos de la Federación Española de Ciclismo y en los de su homóloga vasca. Consecuencia directa: se anunció que se instalarían controles de sangre, como los que asumen los profesionales, en la categoría amateur.

Dicho control sólo permite detectar el consumo de EPO de forma indirecta, puesto que avisa sobre la presencia de un nivel de hematocrito (porcentaje de glóbulos rojos en la sangre, los que transportan el oxígeno del que se nutren los músculos) anormalmente elevado y supuestamente inducido por el tratamiento de EPO. La decisión parecía tan lógica como necesaria. La demora en su aplicación atiende a razones bastante más confusas y está relacionada con gestiones burocráticas de inusitada lentitud. La federación española, impedida por el Comité Superior de Deportes (CSD), no puede realizar por su cuenta los esperados controles sanguíneos. Por la misma razón, la federación vasca, que ha mostrado sus deseos de controlar personalmente a sus ciclistas, tiene que aceptar los movimientos de la Unión Ciclista Internacional (UCI), el máximo organismo mundial que rige este deporte.

Hasta la fecha, la UCI ha impedido (por incompetencia o lentitud) que se cumplan los plazos anunciados: no hubo controles en verano, tal y como anunció la federación española, ni los ha habido en la recientemente concluida campaña de ciclocross, opción de recambio barajada por la UCI y asumida por la española. En verano, faltaban por homologar en España laboratorios que analizaran las muestras.

Tampoco en invierno

En invierno, existían tales laboratorios, pero, según la UCI, no eran el entorno ideal para que sus médicos pudieran trabajar en condiciones. A diferencia del profesionalismo, donde los corredores se desplazan la víspera para disputar una prueba de un día y duermen en hoteles, en aficionados, las pruebas de una jornada tienen carácter regional y los participantes se presentan en la salida a la sumo una hora antes del inicio de la competición. Esto sirve tanto para el ciclocross como para la carretera y explica por qué tampoco éste invierno se han realizado los controles de sangre: los médicos carecían de tiempo para tomar y analizar las muestras. La UCI ha decidido que realizará los controles a partir de esta temporada, que arranca a finales de febrero, pero que sólo los efectuará en las pruebas por etapas. Un equipo médico de la UCI se encargará de llevarlas a cabo (en principio se habló de formar a personal español) desplazándose con sus coolters (laboratorios portátiles) para remitir sus muestras a cualquiera de los dos laboratorios finalmente homologados: uno en Valencia y el segundo en Madrid, dirigido por el médico de la Vuelta, Fernando Astorqui. Juan Carlos Díaz del Valle, jefe médico de la federación española y encargado de supervisar la instalación de los controles, comunicó a la UCI sus deseos de homologar un laboratorio en cada comunidad autónoma, petición rechazada por el organismo que preside Verbruggen.

La decisión no acaba de convencer a Juan Carlos Díaz del Valle: "Es un paso adelante, pero que se queda a medias", aprecia. En el País Vasco, auténtico vivero de ciclistas, tan sólo se celebran cinco vueltas por temporada (Álava, Navarra, Bidasoa, Bira y Goierri), pero se celebran más de 70 pruebas de un día. Si la confidencialidad y el carácter aleatorio de los controles en profesionales constituye su única posibilidad de éxito, en aficionados esta premisa desaparece o se atenúa considerablemente. Son controles perezosos.

La Federación Vasca de Ciclismo todavía no ha digerido su disgusto por la demora en la aplicación de los controles de sangre y estudia la manera de "salirse del circuito" según uno de sus portavoces. Suena a amenaza, pero no explica cómo puede el organismo federativo eludir el marcaje internacional. Tampoco explica el por qué de tal urgencia y cuesta entender la sorpresa que la federación expresó al conocer las denuncias de Iñaki Juanicorena.

Al margen de los controles sanguíneos en competición, la federación vasca pretende realizar "controles de salud" (algo que ya existe en Francia con el nombre de controles longitudinales) cuyos resultados, confidenciales, servirían para alertar al director de un corredor cuyo hematocrito fuera anormalmente elevado o para recomendar reposo al sujeto. La medida, razonable, choca con problemas logísticos y jurisdiccionales, lo que la hace inviable a corto plazo. Es decir, prevenir antes que sancionar y tratar de reconducir unos hábitos a menudo regidos por la urgencia de un futuro incierto.