Debates electorales

Resulta sorprendente que a estas alturas haya que debatir si debe haber o no debates en televisión entre los dos principales candidatos a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones generales: José María Aznar y Joaquín Almunia. La democracia en una sociedad mediática avanzada, como es la española, exige ese tipo de confrontación. Es un derecho de veinte millones de votantes potenciales de esos dos partidos. Que los dos principales espadas, y únicos candidatos con posibilidades de llegar a La Moncloa, crucen dialécticamente sus propuestas no significa que no haya que multiplicar otros debates, ya no a dos, sino a tres o más. Una campaña electoral debería ser, más que una sucesión de mítines, una cadena de debates. Es el gran momento de aproximación de los ciudadanos a la política.Los debates cara a cara entre Aznar y Almunia no tienen, en principio, por qué favorecer a uno o a otro. Sin duda, ambos han mejorado su dialéctica en los últimos años, lo que debería añadir interés a la confrontación. Las dudas, de momento, están del lado de Aznar. A menudo el que se resiste a este tipo de confrontaciones televisadas es el candidato que disfruta de la ventaja del poder. En Andalucía es el actual presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien se muestra remolón. Debería ponerse al frente del movimiento en favor de los debates y no esperar a que el resto de candidatos se ponga de acuerdo.

La salud democrática requiere algo más: juego limpio en el uso de todas las televisiones públicas: RTVE y los canales autonómicos. Los antecedentes son nefastos y justifican el recelo del primer partido de la oposición, que ha acudido en amparo a la Junta Electoral Central, como garante del juego limpio. La apropiación partidista de RTVE no es nueva ni exclusiva del PP, pero el Gobierno de Aznar ha hecho un ejercicio difícil de superar y, desde luego, incompatible con la igualdad de oportunidades en tiempo electoral.

Televisión Española está poniendo de relieve la estrategia actual del PP para estas elecciones generales: movilizar a su electorado, y desmovilizar a ese amplio sector que duda entre votar al PSOE, a IU, o quedarse en casa el 12 de marzo. Para impulsar la democracia lo que deberían hacer las televisiones públicas es favorecer la participación, impulsar a que los electores ejerzan el derecho al voto, que en España ha costado siglos asentar. Y para ello lo mejor no son los anuncios institucionales alentando a acudir a las urnas, sino los debates en las televisiones públicas y privadas; la confrontación de opciones y de gestiones.