Una juez no ve delito en una "okupación" porque el edificio lleva 22 años abandonado

Los okupas que viven en un edificio de Amparo, 24, en Lavapiés, no han cometido ningún delito, porque el inmueble lleva 22 años abandonado. Así lo ha decidido la titular del Juzgado de Instrucción 43, que ha archivado la denuncia presentada por el dueño del inmueble por considerar que a estos jóvenes no debe aplicárseles el Código Penal, sino el Civil, que prevé su desalojo, pero sin castigos de cárcel. "El principio de intervención mínima del derecho penal excluye, de acuerdo con la conciencia social, la protección de fincas abandonadas o en mal estado", arguye la juez.

Los propietarios de este edificio, okupado desde el 6 de enero de 1999, pueden ahora recurrir el auto ante la misma juez que lo ha dictado y ante la Audiencia Provincial. Pero si su recurso no prospera en ninguna de estas instancias para conseguir el desalojo de los okupas tendrán que iniciar de nuevo todo el procedimiento en la vía civil, más lenta, y no en la penal como han hecho ahora.El Código Penal, en su artículo 245.2, castiga la okupación, tipificada como usurpación, con multas reemplazables en caso de impago por arresto de fin de semana. Pero la titular del Juzgado 43 considera que "no toda perturbación" en la posesión de un edificio (es decir, en su uso, no en su propiedad) constituye un delito de usurpación, sino sólo aquellas que atenten en mayor medida contra él.

La juez destaca que el edificio llevaba abandonado al menos 22 años, por lo que "mal se puede hablar de que la acción presuntamente delictiva impidiera el ejercicio del derecho de uso del inmueble de forma relevante".

El auto también resalta que, aunque los actuales dueños de la finca de Amparo, 24, la adquirieron en 1975, no la inscribieron en el Registro de la Propiedad hasta el 11 de enero de 1999, cuando desde el juzgado les reclamaron que demostrasen su titularidad. Indica, además, que, desde 1977, el inmueble tenía un cartel en el que se leía "edificio en construcción".

El grupo de okupas que utiliza como vivienda y centro social el edificio de la calle del Amparo desde enero de 1999 es el mismo que permaneció, durante casi dos años, en un antiguo laboratorio de la calle de Embajadores propiedad del Ministerio de Economía y Hacienda. Ambas casas okupadas han sido bautizadas con el mismo nombre: El Laboratorio.

La juez, en su decisión, tiene en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la causa abierta contra las 604 personas, entre ellas cuatro diputados regionales de IU, que se autoinculparon como okupas en el edificio de Embajadores. Dicho tribunal concluyó que aquella acción no constituía un delito de usurpación, porque su finalidad era "de carácter político" para denunciar la existencia de numerosos inmuebles vacíos en la ciudad y porque los okupas no actuaron "con vocación de permanencia" ni como "dueños".

Protesta cívica

En el caso del edificio de Amparo, el auto destaca "que también existe una intención de realizar una protesta cívica ante la existencia de edificios abandonados". Esa motivación reivindicativa "choca", según la juez, con el ánimo de lucro y la intención de actuar como dueños que debe existir para considerar delictiva una okupación.

Endika Zulueta, abogado de los okupas de El Laboratorio, considera "relevante" la decisión de la juez de archivar el caso. "Desde la entrada en vigor del actual código, que penaliza la okupación, es la primera vez que un juzgado archiva una causa de este tipo antes de proceder al desalojo", explica. "En el caso del edificio de Embajadores, el archivo del Tribunal Superior de Justicia se produjo una vez que los okupas habían sido expulsados", matiza.

Zulueta resalta también que es la primera vez que un juez español cita a declarar a centenares de personas que se autoinculpan de haber cometido un delito para reivindicar que deje de serlo y, en el caso de la okupación, vuelva a pasar a la vía civil, que prevé un posible desalojo, pero no sanciones penales.

Por el Juzgado de Instrucción 43 han pasado a lo largo de un año 296 ciudadanos que se han declarado okupas para evitar que las consecuencias penales de haber entrado en el edificio de la calle del Amparo recaigan sobre el grupo que ejecutó la iniciativa. Consideran también que la propiedad ya está suficientemente protegida en el Código Civil y piden que se despenalice la okupación.

Entre ellos se encuentran los diputados nacionales y regionales de IU Ángeles Maestro y Juan Ramón Sanz, y el cantautor Quintín Cabrera. El edificio de Amparo es un bloque de tres plantas con 12 viviendas, azotea, garaje y planta baja.