Isabel Tocino niega electoralismo en el proyecto del canal Segarra-Garrigues

La ministra en funciones de Medio Ambiente, Isabel Tocino, negó ayer en Lleida que detrás de la voluntad de construir el canal Segarra-Garrigues exista una maniobra electoralista por parte del Gobierno del PP, y ratificó que este año se pondrá la primera piedra de esta importante infraestructura hidráulica que beneficiará a 20.000 regantes. Tocino, que presidió el acto de la firma del convenio de gestión directa entre su departamento y la sociedad estatal encargada de las obras, manifestó que el Gobierno ha apostado muy fuerte para que el Segarra-Garrigues deje de ser una reivindicación histórica.

"Ya no es posible dar marcha atrás, estamos en el punto sin retorno", dijo la ministra Isabel Tocino; "por eso me satisface estar hoy en compañía de quienes han hecho posible este gran momento y han permitido salvar todos los obstáculos, frente a quienes creían que todo eran bombas de humo y documentos que se los podía llevar el agua". Tras rechazar las acusaciones de electoralismo efectuadas por algunos dirigentes socialistas catalanes, la ministra les respondió que antes de que el PP entrara a gobernar "hubo muchos periodos electorales y el canal no se hizo". Según la ministra, la aportación inicial de 6.750 millones de pesetas a la sociedad estatal Canal Segarra-Garrigues, SA, formada por representantes del Estado, de la Generalitat y de los regantes, es la mejor garantía de que se cumplirá el compromiso político de ejecutar las obras en los plazos previstos. En este sentido, Tocino añadió que este mismo año se licitará alguna de las infraestructuras que forman parte del proyecto, refiriéndose a la construcción de la toma de agua en el embalse de Rialb (Noguera), cuyo proyecto está ya redactado. Esta actuación será la primera piedra del canal.

Por su parte, Tomás Sancho, presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de la sociedad estatal que construirá el canal, evitó comprometerse públicamente a que las obras estén acabadas en el plazo previsto de cinco años. "Se harán en el menor tiempo posible y con un ritmo inversor muy fuerte", afirmó.

La inversión del Estado en las obras que le corresponde ejecutar: la toma de agua en la presa de Rialb, los 87,6 kilómetros de canal principal, las conexiones con el canal d"Urgell y el pantano de L"Albaigès, de 86 hectómetros cúbicos, asciende, según Sancho, a 54.000 millones de pesetas, la mitad financiados por los regantes a razón de 29.000 pesetas por hectárea y año durante 25 años.

La Generalitat debe aportar 100.000 millones de pesetas, destinados a realizar la concentración parcelaria y a construir, a partir del 2002, la red secundaria y las obras de elevación necesarias para poder regar determinadas fincas. El consejero de Agricultura, Josep Grau, afirmó que la Generalitat cumplirá los compromisos adquiridos al mismo ritmo que el Estado.