Francia aplicará las 35 horas a pesar de las enmiendas del Constitucional

Francia aplicará la semana laboral de 35 horas a partir del uno de febrero, pese a las modificaciones introducidas en la ley recientemente por el Consejo Constitucional. El Ministerio de Empleo, que dirige Martine Aubry, ha empezado ya a reelaborar los 20 decretos de aplicación para adaptar la ley al dictamen de los juristas. El Ejecutivo, y con él socialistas y sindicatos, tratan de minimizar el alcance del fallo del Consejo Constitucional, subrayando que el núcleo de la ley ha quedado perfectamente a salvo.

Sin negar enteramente ese reciente juicio, los verdes y los comunistas apuntan estos días que el dictamen constitucional, a su juicio "influido por las críticas de la derecha y de la patronal", no contribuye precisamente a que las empresas y los trabajadores pasen a las 35 horas semanales. Para el Gobierno que encabeza Lionel Jospin, el primer problema práctico creado por el Consejo Constitucional es el de buscar una fuente de financiación alternativa que les suministre los 7.000 millones de francos franceses (177.000 millones de pesetas) que acaban de evaporarse del cuadro presupuestario destinado a financiar la aplicación de la nueva semana laboral.

Al anular la tasa del 10% establecida sobre las horas extraordinarias, el Consejo Constitucional ha privado al Ejecutivo de una novena parte de ese presupuesto de 63.900 millones de francos (1,6 billones de pesetas), la mayor parte del cual (45.000 millones de francos, alrededor de 1,14 billones de pesetas) saldrá de los impuestos sobre el tabaco y el alcohol.

Otro problema de peso, tanto político como técnico, se deriva de la supresión del tope de las 1.600 horas de trabajo anuales, resultantes de las 35 horas semanales, establecido en la segunda y definitiva ley aprobada por el Parlamento.

Acuerdos sectoriales

De acuerdo con el Consejo Constitucional, los acuerdos sectoriales alcanzados en el contexto de la primera ley son válidos, aunque superen ese máximo de 1.600 horas introducido posteriormente.

Sin embargo, según explica el Ministerio de Empleo, en la práctica, sólo el 5% de los acuerdos suscritos hasta el momento establecen un número de horas laborales anuales superior a las 1.610. Más compleja resulta la situación creada a partir de los acuerdos que supeditaban el número de horas de trabajo y otros extremos al contenido de la segunda ley de las 35 horas y que están llenos de reservas.

La mayor parte de los expertos juristas independientes consultados se inclinan por interpretar que el Consejo Constitucional ha dado prioridad a los pactos sellados por la patronal y los sindicatos frente a las decisiones de la mayoría parlamentaria.

La denominada enmienda Michelin, que debía obligar a las empresas a negociar la reducción de tiempo de trabajo antes de presentar un plan de despidos, ha sido totalmente eliminada.

No obstante, esta polémica enmienda continúa siendo contemplada como una solución alternativa posible a aplicar, de acuerdo con el Código de Trabajo y la jurisprudencia.