El juez del "caso Zamora" mantiene como imputado a un constructor que facturó 406 millones

Las diligencias del caso Zamora se reanudaron ayer con la declaración del constructor Cirilo Gullón, quien compareció en calidad de imputado por la Fiscalía Anticorrupción en un posible delito de prevaricación por hechos relativos a los años 88, 89 y 93. Después de dos horas de declaración ante el instructor Antonio Casado, titular del Juzgado número 4 de Zamora, el abogado del contratista, José Manuel Vaquero Blanco, afirmó que la prevaricación que se imputa a su cliente "se ha revelado inexistente". Sin embargo, el juez instructor decidió mantener su condición de imputado.Cirilo Gullón, que a su salida del juzgado se negó a hacer declaraciones, recibió pagos por importe de 406 millones de pesetas de la Diputación Provincial zamorana por supuestas ejecuciones de obras entre los años 87 y 96. De algunas de ellas falta la memoria, el presupuesto de la actuación o la justificación de obras complementarias que se añadieron al proyecto inicial.

En la comparecencia de Gullón estuvo personado el letrado del constructor imputado Máximino San Gregorio Santos, hermano de Antonio San Gregorio, cuyo testimonio ante el instructor del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, provocó el acercamiento del caso a José María Aznar al reconocer que entregó dinero junto a otros dos empresarios al actual presidente del Gobierno para financiar su campaña electoral del 87 a la Junta de Castilla y León. Estas declaraciones precipitaron la renuncia a sus escaños en el Congreso y el Senado de José Manuel Peñalosa y Dionisio García Carnero, ambos del PP, para sacar el caso del Tribunal Supremo.

El jueves de la próxima semana están citados como testigos Gregorio Hidalgo y Marta Martínez, hija del constructor César Martínez Omaña, uno de los constructores más beneficiados con las adjudicaciones de obras y uno de los tres empresarios que habrían entregado dinero a Aznar en el 87.

No asistió por problemas de agenda el abogado del PSOE, partido que ejerce la acusación particular en este caso.

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