La publicidad institucional traerá cola

Desde el día de la publicación de la convocatoria de elecciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el próximo martes día 18, hasta su celebración, el 12 de marzo, las campañas de publicidad institucional sobre "los proyectos, las realizaciones o logros en la gestión pública", es decir, la propaganda de autobombo, quedan terminantemente prohibidas. Esta limitación no sólo afecta a la propia Junta de Andalucía, sino también, por primera vez en unos comicios autonómicos, a la Administración central y municipal. Es ahora cuando empiezan las dudas.¿Puede publicar un periódico de ámbito nacional o emitir Televisión Española en todo el territorio nacional un anuncio del Ministerio de Fomento sobre el futuro plan de infraestructuras?

El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, lo tiene claro: "En Andalucía no. Se puede recurrir a la Junta Electoral Andaluza".

Fuentes jurídicas vaticinan que al árbitro electoral le van a "llover los recursos y causar problemas muy gordos" la ley de Publicidad Institucional, modificada por el Parlamento de Andalucía el mes de mayo de 1999. Las mismas fuentes coinciden con el consejero en que mediando elecciones comunes en la comunidad, una fuerza política puede sentirse perjudicada por el citado mensaje publicitario y plantear recurso.

Presidencia ya advirtió al Ministerio de Administraciones Públicas en una carta remitida el pasado 15 de diciembre sobre las limitaciones que rigen en la comunidad autónoma para la publicidad institucional, cuya ley, al contrario que la que estuvo vigente en las elecciones de 1996, distingue entre la pura propaganda y lo que es información de servicios (campañas de vacunación infantil, espectáculos) o administrativa (adjudicaciones, concursos). La primera es la que a partir del próximo martes se prohíbe.

Los medios jurídicos consultados consideran que la norma está técnicamente mal resuelta y que hay preceptos que admiten hasta dos interpretaciones posibles distintas.

La Junta Electoral Andaluza no adoptará un criterio en firme, hasta en tanto no medie un recurso. El órgano arbitral está formado por cuatro jueces, elegidos por sorteo, y tres profesores universitarios a propuesta de los dos partidos mayoritarios, que han dejado a Izquierda Unida sin representante. Los magistrados son Jerónimo Garvín, José María Requena, Francisco Gutiérrez y Eduardo Herrero Casanova. Los docentes son Juan Montabes y Antonio Merchán (a iniciativa de los socialistas) y Faustino Gutiérrez Alviz (a propuesta de los populares).