La Comunidad reformará el salario social como proponen los sindicatos

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, aseguró que revisará el ingreso madrileño de integración (IMI), una ayuda de 40.000 pesetas mensuales que perciben 8.500 familias, "en la línea del programa de rentas mínimas que reclaman CC OO, UGT e IU". Los sindicatos quieren transformar este subsidio creado en 1990 para integrar a grupos marginados en una renta garantizada a cualquier mayor de 18 años (no de 25 como ahora) sin recursos.

Martínez no especificó cómo será el nuevo IMI, pero aseguró, ante las preguntas de los periodistas con los que celebró un encuentro, que su reforma irá en la línea del programa de rentas mínimas que plantean los sindicatos. "El IMI tiene ya diez años de existencia y hay que actualizarlo", insistió. Una de las posibles reformas apuntadas por la consejera es la concesión de esta ayuda sin condicionarla, como se hace ahora, el cumplimiento de una serie de planes de inserción (asistir a cursos, escolarizar a los hijos...) a aquellos solicitantes cuya marginación sea ya crónica.

"Hay perceptores, que, por su enorme deterioro personal tienen muy pocas posibilidades de encontrar empleo. A ellos no tiene sentido exigirles que participen en cursos y más cursos, pero como carecen de ingresos hay que garantizarles un mínimo de supervivencia", explicó Martínez. En esa situación extrema se encuentra un 10% de las 8.500 familias que perciben el IMI. Buena parte de ellas son personas solas, sin hogar, y que no cumplen los requisitos para cobrar una pensión no contributiva.

Entre el resto de los beneficiarios del salario social las condiciones de acceso al mercado laboral y a la inserción son variopintas. Un 30% podría llegar a encontrar empleo tras un intenso apoyo social y laboral; un 22,7% lograría trabajo sólo con un empujón formativo, y otro 27%, entre ellos los parados de larga duración que cobran IMI tras agotar todos los subsidios de desempleo, tienen formación y no están desarraigados pero, por su edad, no acceden al mercado laboral.

Martínez sugirió la posibilidad de diversificar el programa IMI para atender de forma adecuada a cada uno de estos grupos diferenciados de ciudadanos.

La propuesta de CC OO, UGT e IU persigue convertir esta ayuda que conceden los trabajadores sociales a condición de cumplir una serie de compromisos en una renta mínima de supervivencia garantizada, sin condiciones expresas, a cualquier mayor de edad sin ingresos. Con el modelo planteado por los sindicatos los ciudadanos más marginados que ahora tienen que tramitar y renovar la concesión del IMI exponiéndose a perderlo tendrían garantizado de por vida un ingreso de 40.000 pesetas mensuales. También los parados de larga duración dispondrían de una ayuda, sin verse obligados a seguir cursillos que no precisan.Ahora el IMI sólo lo pueden solicitar los menores de 25 años si tienen cargas familiares o si son jóvenes tutelados por la Comunidad que se ven obligados a abandonar las residencias al cumplir los 18 años. Con la reforma solicitada por las centrales sindicales, cualquier mayor de edad en situación de necesidad podría pedir esta renta mínima. Sin embargo, no se ha definido todavía con claridad si un estudiante que viva con su familia podría solicitar este subsidio o si dependería del nivel familiar de ingresos.

Requisitos de los sindicatos

Aumentar la cuantía de esta ayuda de 40.610 pesetas para una persona, que se incrementa hasta las 50.735 si se trata de una pareja y a 57.080 si son tres los miembros de la familia, es otro de los requisitos planteados por CC OO, UGT e IU. Las propuestas van desde equiparar la renta básica al salario mínimo interprofesional (70.000 pesetas) o a un 70% de éste (50.000). La consejera es contraria a igualar la renta de supervivencia con el salario mínimo "porque desincentiva el empleo". Estos incrementos supondrían tener que duplicar los 4.300 millones que el Gobierno regional dedica ahora al IMI.

A lo largo de 1999 se redujo el número de solicitudes para recibir el IMI: hubo una media de 387 peticiones al mes frente a las 430 del año anterior y a las 510 de 1997. Esta disminución se debe, según la Comunidad, al incremento de la oferta de empleos. El debate sobre las rentas mínimas se ha suscitado ya en Euskadi y Cataluña y en países como Francia.