Álava elimina los incentivos fiscales a la inversión anulados por los tribunales

La Diputación de Álava, gobernada por el PP, eliminará la norma sobre los incentivos fiscales del 45% a inversiones superiores a 2.500 millones de pesetas. Esta ley foral ha quedado anulada por los tribunales año tras año, aunque permanece recurrida y, por tanto, aún puede seguir en vigor. Este paso se da mientras la Corte de Luxemburgo decide sobre la legalidad de las ayudas y los Gobiernos central y vasco avanzan una solución para retirar los recursos judiciales sobre algunas normas fiscales vascas, incluidos estos incentivos.

El Partido Popular, desde la Diputación de Álava, no había querido ser agresivo hasta ahora hacia las normas fiscales que ha heredado de los anteriores gobiernos nacionalistas. De hecho, ha mantenido vigente la ley sobre incentivos a la inversión en nombre de la "unidad de acción" con las otras diputaciones vascas. Pero ahora ciertas circunstancias hacen que la Diputación alavesa se disponga a cambiar la orientación de la política fiscal.El PP gobierna en minoría con Unidad Alavesa y no ha sido capaz de sacar adelante el proyecto de presupuestos para Álava. Ahora, ante la inestabilidad que causa esa situación, pretende elaborar una norma que no paralice la actividad de la provincia y permita realizar algunas inversiones urgentes. Para ello, busca el apoyo de los socialistas y éstos han puesto como primera condición que se eliminen los incentivos fiscales de la norma presupuestaria. El PSE tampoco comparte los criterios del crédito y entiende excesivo que se subvencione el 45% de la inversión.

De este modo, el PP ha tomado la decisión de no mantener en vigor la norma a modo de gesto hacia el Partido Socialista. Además, según aclaró ayer el diputado alavés de Hacienda, Juan Antonio Zárate, otras razones contribuyen para que el PP acceda a la exigencia de los socialistas: "Todas las sentencias han sido contrarias hasta ahora y, además, se están ultimando las negociaciones para la retirada de los recursos judiciales por parte del Estado".

La norma del crédito fiscal ha favorecido a empresas como Daewoo y Ramondín, cuyas ayudas ya ha anulado la Comisión Europea, y es una de las más polémicas de cuantas afectan a la política fiscal de las diputaciones vascas. El PP no comparte los términos de la ley porque entiende que la cuantía de las ayudas a las empresas es excesiva. Quiere reducir la proporción del 45%. Por eso la abogacía del Estado la ha recurrido sistemáticamente en los tribunales desde que se instauraron por primera vez hace seis años.

Ahora, no obstante, los Gobiernos central y vasco quieren rebajar la judicialización de las normas y mantienen desde hace meses negociaciones para la retirada de los recursos. Las reuniones han continuado adelante estas últimas semanas a pesar de la ruptura entre el PP y el PNV con respecto a los Presupuestos Generales del Estado.

Conversaciones avanzadas

Las negociaciones, muy avanzadas según ambas partes, deben terminar este próximo mes para que la retirada se produzca antes de la sentencia de la Corte de Luxemburgo con respecto a la cuestión prejudicial planteada desde el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre la legalidad o no de los incentivos a la inversión. La decisión del tribunal europeo se espera para primeros del año 2000, y tanto el Gobierno central como el vasco querían resolver sus diferencias antes de que adopte una postura la Corte.

A este respecto, los empresarios vascos (Confebask) reiteraron ayer su petición de que los Gobiernos lleguen a un acuerdo, por considerarlo "esencial" para el desarrollo de Euskadi.