El filón de las pensiones

Pocos atinarían a predecir, hace cuatro años, que una Consejería de baja tensión como la de Asuntos Sociales, creada meses después de la formación del Gobierno al nacer de la desmembración de Trabajo, acabaría soltando descargas de alto voltaje como el proyecto de prescripción de heroína a toxicómanos o provocando cortocircuitos en el Pacto de Toledo, un engranaje consensuado a salvo del rifirrafe político hasta entonces. Una evolución paralela a la experimentada por su titular, el ex alcalde de Ayamonte (Huelva) Isaías Pérez Saldaña, el último en incorporarse al Gabinete de Chaves pero capaz de reforzarse al compás de la legislatura.El departamento, pese a sus escuálidas competencias -no controla las políticas de juventud, ni de la mujer, dependientes del área de Presidencia- ya que se estructuró sobre la espina dorsal del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, se ha distinguido por su capacidad legisladora al sacar adelante, en un clima de consenso, las leyes sobre mayores, discapacitados, menores y drogas.

Sin embargo, ha obtenido mayor resonancia con otras iniciativas, bien por su carácter experimental (el citado programa de la heroína, pendiente de la decisión del Plan Nacional de Drogas), bien por abrir nuevos frentes de controversia política con el Gobierno estatal. Vista en plenos estertores, esta legislatura (1996-2000) se recordará como la de la subida de las pensiones asistenciales -afectó a 46.000 desti-natarios- y no contributivas. El terremoto político provocado fue casi inversamente proporcional a la exigua ayuda extraordinaria -en todo el 99 significó un aumento de 9.395 pesetas- que recibieron 107.500 andaluces que percibían las prestaciones no contributivas.

El enfrentamiento con el Ejecutivo de Aznar fue notable por ello, pero la decisión de Convergencia i Unió de seguir la misma senda en Cataluña acabó extendiendo el debate a las pensiones contributivas, es decir, incluidas en la caja única de la Seguridad Social. Un poco a regañadientes, el Gobierno ha revalorizado las pensiones de este año por encima del IPC para mejorar las más bajas.

Sin ápice de modestia, la Consejería de Asuntos Sociales se ufana de ello como un mérito propio, aunque desde IU se lamente que el origen obedezca "a una guerra mediática". La parlamentaria Ángela Aguilera recuerda que el salario social, de exclusiva competencia de la Junta de Andalucía, es deficitario, a pesar de la inyección de 1.000 millones de pesetas contemplada en los Presupuestos de este año. El PP sostiene que las listas de espera para percibir el salario han rozado las 12.000 personas.

El departamento de Pérez Saldaña da por cumplidos todos los objetivos que se habían marcado al arrancar el periodo, que se resumen en las cuatro grandes leyes tramitadas, aunque no han elaborado el plan integral de la inmigración, pese a tratarse de un compromiso del propio PSOE.

La Ley de Prevención y Asistencia en Materia de Drogas, aprobada en abril de 1997, regula la prevención y asistencia de los toxicómanos y contempla restricciones en la publicidad y venta de alcohol y tabaco. La Ley de los Derechos y Atención al Menor, de enero de 1998, ha comenzado su desarrollo normativo con la aprobación del Consejo Andaluz de Asuntos Menores y los consejos provinciales de la infancia. La Ley de Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobada hace un año, establece el marco de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con deficiencias físicas, sensoriales o psíquicas. Por último, la Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores, aprobada en junio de 1999, destaca por tratarse del primer proyecto legislativo sobre los mayores que se aprueba en todo el territorio estatal. La oposición, sin embargo, se queja del nulo desarrollo reglamentario de las cuatro leyes, a pesar de que alguna -la de drogas- fue aprobada hace más de dos años, y de la escasa dotación presupuestaria.

Pérez Saldaña ha pugnado en una doble dirección: abrirse un hueco interno dado el estrecho margen competencial de su cartera y consolidar el peso político exterior. De lo primero se podría citar el incremento de competencias en el campo del voluntariado e, incluso, proyectos que cabalgan entre lo social y lo sanitario como el servicio de teleasistencia para mayores. Lo segundo ha descansado en la estrategia de hostigamiento entre Madrid y Sevilla, que ha marcado la legislatura y casi todos los departamentos.

La Consejería no ha logrado sentar los pilares para impulsar un pacto por el bienestar, una de las tareas que Pérez Saldaña se apunta en el debe, pero ha salpicado el cuatrienio de iniciativas encaminadas a proteger distintos colectivos. Entre las normas más importantes se encuadrarían el decreto para la eliminación de barreras arquitectónicas en los edificios públicos de la Junta de Andalucía, el programa de solidaridad de los andaluces o la orden que regula los servicios de ayuda a domicilio. No se ha solventado, por el contrario, la deficiencia de plazas de residencias de mayores ni se han articulado mecanismos para reducir al mínimo los centros clandestinos. Se ha multiplicado por cinco la demanda de toxicómanos interesados en el programa de la metadona -habrá 23.000 este año-, pero la infraestructura y el presupuesto no ha crecido proporcionalmente, a decir de la parlamentaria del PP Ana María Corredera.

La insuficiencia presupuestaria ha sido paliada a menudo con la política de conciertos con el sector privado. Numerosas organizaciones se han implicado en la gestión de programas sociales, sobre todo en el campo de menores, como es el ejemplo de las casas de acogida de menores inmigrantes, uno de los fenómenos que ha aflorado en los últimos años hasta registrarse 1.670 acogidas en 1999.

Pero esta política entraña, para la portavoz de IU en la comisión de Asuntos Sociales, Ángela Aguilera, un riesgo de "privatización" de servicios que, en su opinión, deben descansar sobre la Administración. La labor de Asuntos Sociales, con todo, ha suscitado los mayores varapalos fuera del ámbito político. Las críticas más contundentes han sido de la oficina del Defensor del Pueblo. El último informe, dedicado a los menores, arremete contra las carencias en el acogimiento y la lentitud administrativa por la desprotección que genera sobre el menor.