El Consell aprueba otro anteproyecto de ley de residuos

Eduardo Zaplana prometió tres leyes relativas al medio ambiente cuando accedió a la presidencia de la Generalitat en julio de 1995. A finales de la pasada legislatura José Manuel Castellá, consejero de Medio Ambiente por Unión Valenciana, presentó en las Cortes la primera, un proyecto de ley de residuos, pero su tramitación fue frustrada por el calendario. Ayer, el pleno del Consell aprobó un segundo proyecto de ley de residuos elaborado por el equipo de Fernando Modrego, actual responsable de Medio Ambiente, que podría correr mejor suerte.Modrego señaló que la nueva norma se adapta a las últimas directivas europeas en materia de residuos, desarrolla la actual ley básica del Estado y persigue establecer un sistema equilibrado entre la planificación y la gestión del tratamiento de los residuos. También amplía las competencias municipales, pero sometidas a un estricto control. La nueva normativa introduce un sistema "flexible" en los procedimientos de gestión que invita a la iniciativa privada a participar en el tratamiento de los residuos, pero siempre de acuerdo con la planificación pública de las necesidades.

Modrego avanzó que el texto establece diferencias entre distintos tipos de residuos que requieren un tratamiento específico y supone una apuesta por el reciclaje, con medidas para reducir su producción. Según el consejero, el proyecto "impedirá el depósito incontrolado" y apoyará la regeneración de suelos contaminados a partir de un principio clave: "Quien contamina paga". La norma establece un régimen de sanciones, que exigirá la restauración del espacio afectado.

"El último pleno del siglo", en palabras de Alicia de Miguel, portavoz del Consell, sirvió para cubrir las vacantes pendientes desde que se constituyera la nueva Administración autonómica en agosto. Destaca el nombramiento del director general para la Prestación Farmacéutica, Manuel Escolano, que se enfrenta uno de los agujeros más espectaculares en las cuentas de la Generalitat. También se ha nombrado a José María Benlliure director general de Urbanismo y Ordenación Territorial, cuyo departamento tiene pendiente la elaboración de una ley del territorio desde la pasada legislatura. Fernando Zárraga ocupará la dirección de Impiva y Alejandro Reig, la del Sepiva.

Entre los acuerdos está la concesión de un aval de 13.000 millones al Instituto Valenciano de la Vivienda para ejecutar una veintena de colegios e institutos, que se anunciaron en abril, para lo cual el instituto tuvo que modificar su objeto social para poder dedicarse a las construcciones escolares.

El más emblemático de los acuerdos del pleno fue, sin embargo, la aprobación con dos años de retraso de los Estatutos reformados de la Universidad de Valencia, imprescindibles para que complete su proceso de cambios en la estructura de los campus y facultades y en el sistema de elección y organización del equipo de gobierno de la Universidad.