Convergència defraudó 30 millones en la compra de su sede, según Iniciativa

Convergència Democràtica (CDC) defraudó 30 millones de pesetas en la compra de los dos edificios de su nueva sede, en la calle de Còrsega de Barcelona, según denunció ayer en el Parlament el grupo Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V). El partido nacionalista se ahorró presuntamente esta cantidad en el impuesto de transmisiones patrimoniales, que gestiona la Generalitat, al declarar una base tributaria inferior a la legal. Además de este supuesto fraude, IC sostiene que Enher vendió a Convergència los dos inmuebles por 200 millones menos del precio de mercado, a cambio de recibir un trato de favor por parte del Gobierno. Jordi Pujol negó tales acusaciones.

El presidente de la Generalitat tuvo que hacer frente ayer, en la sesión de control al Ejecutivo, a la contundente denuncia formulada desde el grupo ecosocialista por la transacción inmobiliaria de la nueva sede de CDC. Según el portavoz de IC-V Joan Boada, el partido que preside Pujol declaró una base tributaria inferior a la legal, que debe ser de 2,5 veces el valor catastral. Es decir, la base imponible era de 897 millones y Convergència declaró sólo 450, por lo que presentó una autoliquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales de 31 millones, la mitad de lo que le correspondía. Boada le espetó al presidente: "Convergència ha defraudado a la Hacienda catalana 30 millones y espero que, a pesar de ser su posible sucesor, el consejero de Economía Artur Mas actúe con contundencia ante este fraude fiscal y una operación ética y moralmente reprobable que si no lo soluciona, deberá tener un tratamiento judicial".Trato favorable

CDC además compró los inmuebles a Enher por 200 millones menos del precio de mercado a cambio, según el portavoz de IC-V, de un trato "benévolo" por parte del Gobierno de CiU. Boada citó cinco ámbitos en los que se habría producido este trato favorable: pasividad ante las eléctricas por su presunta responsabilidad en los incendios forestales; negligencia en el control de las inversiones para el mantenimiento de las líneas que provocan constantes cortes de fluido; apoyo al Gobierno central para conceder 1,3 billones a las empresas en concepto de coste de transición a la competencia, mantenimiento de Antoni Subirà como consejero de Industria y defensa de la construcción de la línea de alta tensión de las Gavarres.

En su respuesta, el presidente de la Generalitat rechazó cada una de las acusaciones y defendió la legalidad de la operación porque, dijo, la valoración hipotecaria de los edificios siempre es más alta que la del mercado. En cualquier caso, Pujol añadió que si la denuncia de IC-V fuera cierta "ya hubieran intervenido la Administración política y judicial catalanas y no ha sido así" y negó que su Gobierno favoreciera a Enher. Boada explicó ayer que su partido llevará el caso a la Fiscalía si el Departamento de Economía no reclama a CDC una declaración complementaria o el partido no la presenta.PASA A LA PÁGINA 4