El gobierno de Tarifa destituye al interventor por "falta de confianza"

El gobierno municipal de Tarifa (Cádiz), compuesto por el alcalde, Juan Andrés Gil (tránsfuga de IU), el Partido Popular y el TAIP (Tarifa Agrupación Independiente Popular), aprobó el lunes, en una sesión extraordinaria del pleno celebrada a puerta cerrada, la destitución del interventor municipal, José Ramón Rodríguez Cubero. El alcalde justificó que ha perdido la confianza en el interventor por el pago de gratificaciones económicas a funcionarios con dinero que Red Eléctrica de España (REE) concedió al Ayuntamiento por la interconexión entre España y Marruecos, que pasa por el municipio.

Durante la sesión plenaria, tan sólo el grupo municipal socialista, único en la oposición, se opuso al cese del interventor. "El gobierno municipal ha obviado totalmente en este turbio asunto al ex alcalde José Fuentes (del TAIP), quien reconoció hace días haber firmado la carta de pago a los funcionarios que recibieron las gratificaciones", señaló Antonio Ruiz, portavoz del PSOE.Ruiz calificó como "juicio sumarísimo" y "persecución política" la destitución del interventor municipal. "Se trata de una postura radical ya que no se ha abierto ningún expediente administrativo a una persona que lleva años como funcionario en este Ayuntamiento", señaló.

"Topo"

El portavoz socialista argumentó: "El problema radica en que el equipo de gobierno dice que José Ramón Rodríguez es un topo mío en el Ayuntamiento y eso es mentira. No es lógico que se retire por parte del alcalde la confianza a este trabajador y, sin embargo, se le mantenga dicha confianza al ex alcalde que firmó la concesión de las gratificaciones en la anterior legislatura", añadió Ruiz.

Por su parte, el comité local del Partido Andalucista en Tarifa difundió un comunicado en el que aseguran: "Lo que percibe el ciudadano de las declaraciones y actuaciones de este equipo de gobierno y del anterior, liderado por José Fuentes, es que la culpa de lo que pasa es de los funcionarios".

Los andalucistas aseguran, en relación con el gobierno municipal, que se trata de una "mahonesa política" que no sabe imponer criterios de gestión ni desarrollar sus programas electorales. "Pedimos que no derive la responsabilidad a los funcionarios", añaden.

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"Si saben que hay funcionarios de élite que cobran 500.000 pesetas y no hacen nada, deben tomar medidas, abrir expedientes y aplicar el régimen disciplinario, pero si lo saben y no hacen nada, son ellos los malos gestores y, por tanto, nosotros exigimos sus dimisiones por incapaces e ineptos", concluye el comunicado del PA tarifeño, en el que se defiende al funcionario cesado en su cargo.

Juzgados

El caso se encuentra ahora en los juzgados, después de que el propio alcalde tarifeño, Juan Andrés Gil, trasladase a los tribunales la documentación existente al respecto.

Aún se desconoce quién será la persona que sustituya al interventor cesado, ya que fue el propio alcalde quien retiró del pleno el punto del orden del día en el que se debía hacer público el nombramiento.

Al parecer, Gil pretende nombrar al nuevo interventor por decreto, lo que le permitirá en el futuro destituirlo cuando lo desee por el mismo mecanismo, sin necesidad de convocar al pleno como ha ocurrido en esta ocasión.

Por otra parte, la Plataforma contra el Cable de Tarifa (Cádiz) reprochó ayer al PSOE que la utilice como "arma arrojadiza", al advertir esta formación de que denunciará al alcalde tarifeño por avalar a los ecologistas Antonio Vegara y Nieves García Benito, procesados por su supuesta implicación en los incidentes de 1995.

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