Un conflicto competencial pone en peligro la conservación de Tabarca

La conservación de la isla de Tabarca, tal como hoy se nos ofrece, corre peligro. El conjunto histórico-artístico actual puede verse alterado si en el plazo de un año no se desbloquea la revisión de un Plan Especial que data de 1982, y que permite levantar construcciones modernas junto a las erigidas en el siglo XVIII en este pequeño archipiélago fortificado cuyo control se disputan las administraciones públicas que tienen competencias, que son todas.

Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Capitanía de Marina, la Autoridad Portuaria, la Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante y hasta la Guardia Civil, los organismos públicos que tienen competencias sobre la conservación de Tabarca son tantos, que la isla corre serio peligro de perder sus más destacados valores arquitectónicos y ecológicos.Para intentar aunar criterios, el Consistorio ha creado el llamado Consejo Municipal de Tabarca, que en su primera reunión constató las dificultades que entraña poner de acuerdo a un total de 12 departamentos diferentes de todas las administraciones. La situación es tan surrealista que algunos casos puntuales se han puesto en manos de los jueces para que decidan a quién compete la concesión de una licencia, por ejemplo. Así, mientras el Ayuntamiento autoriza y la Generalitat consiente, el Gobierno central sanciona y califica de ilegales las bandejas de bungalós que se construyen en zona de deslinde marítimo-terrestre.

El principal problema radica en la apatía demostrada por el equipo del gobierno municipal, en manos del PP, para acometer con celeridad la revisión del Plan Especial de Tabarca, que data de 1982. Ese documento, que detalla los usos del territorio isleño, tiene tantas carencias que apenas sirve para garantizar la conservación del enclave.

La redacción del nuevo Plan Especial se inició en 1994, pero no fue hasta finales de 1998 cuando consiguió la aprobación inicial en el Ayuntamiento, lo que implicó una suspensión cautelar de licencias de construcción de dos años. Ya ha transcurrido uno y el trabajo apenas ha avanzado. Si durante el año 2000 el documento no entra en vigor, las administraciones estarán obligadas a autorizar cuantos proyectos se presenten, aunque se trate de adosados de corte moderno pegados a edificaciones con dos siglos de antigüedad. Todas las partes implicadas aseguran que es posible cumplir con el calendario si antes se llega al consenso.