El fiscal pide cárcel para el dueño de un taller en el que murió una empleada

El fiscal ha pedido tres años de prisión por presunta imprudencia grave para Antonio Urbano Ramos, propietario de un taller de confección de Villarrubia (Córdoba) que, al derrumbarse el 8 de julio de 1998, causó la muerte de una trabajadora de 19 años. También solicita siete meses de inhabilitación especial por otro delito contra la ordenación del territorio, y un año de prisión por imprudencia grave para Mariano Gallardo Bermúdez, oficial de albañilería que levantó la nave en suelo no urbanizable, sin licencia urbanística y sin proyecto técnico de construcción.En el momento del derrumbe de la nave trabajaban 28 personas, de las que ninguna de ellas estaba dada de alta en la Seguridad Social, según el escrito de acusación. Como consecuencia del desplome murió la trabajadora Purificación Reina Pérez y varias compañeras resultaron heridas.

El derrumbamiento se produjo por una deficiente estimación de las cargas, por la ausencia de cálculos estructurales y por la falta de un sistema adecuado de armadura de los materiales metálicos utilizados que carecían de los perfiles y resistencia necesarios para soportar el peso de la cubierta. Esa nave cayó al suelo el primer día de apertura del establecimiento.