La investigación sobre la financiación del PSOE se queda fuera del "caso Ollero"

El fiscal del caso Ollero retiró ayer la acusación de cohecho contra Juan José López Martos, ex consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía. La ausencia de esta acusación aleja del caso cualquier pesquisa sobre la presunta financiación ilegal del PSOE con comisiones a cargo de la construcción de la carretera entre Salinas y Las Pedrizas. La postura del ministerio público deja solo al abogado del PP en su petición de dos años, cuatro meses y un día de cárcel y 381 millones de pesetas de multa para el ex alto cargo de la Junta. Sin embargo, fiscal y PP creen que López Martos prevaricó.El fiscal no se quedó sin su característica rotundidad en ningún momento. Tras anunciar que en su calificación definitiva retiraba los cargo de cohecho contra el ex consejero de Obras Públicas, aseguró que está convencido de que la constructora Ocisa pagó 127 millones de pesetas en comisiones para hacerse con la construcción de la carretera entre Salinas y Las Pedrizas, en 1992. El representante del ministerio público añadió que la mitad de estos 127 millones habían ido a parar (o al menos ésa era la intención inicial hasta que intervino la policía) a los bolsillos del difunto Pedro Llach y del imputado Jorge Ollero, aunque admitió que no tenía ni idea de dónde estaba el resto del dinero.

El que sí aseguró saberlo es el abogado que ejerce la acusación popular, el diputado por el PP Manuel Seco. Este letrado considera que la acusación del fiscal de prevaricación (con una petición de suspensión de seis años de inhabilitación) no se sostiene si no hay cohecho. Esto es, si se tomó una decisión injusta era con la intención de financiar ilegalmente al PSOE a cargo de las comisiones cobradas por las obras de infraestructuras adjudicadas.