CiU acepta pactar el director general de la radiotelevisión de la Generalitat

El primer éxito de la oposición catalana después de las elecciones no fue una derrota de CiU. Ni un empate. Llegó por la vía ambigua del consenso. El fruto del debate parlamentario sobre la situación de los medios audiovisuales públicos en Cataluña, celebrado ayer y anteayer, fue un pacto de todos los partidos para renovar el marco legal relativo a estos medios de comunicación. Lo que hizo posible el acuerdo fue que CiU aceptó pactar el nombramiento del director general de la radiotelevisión de la Generalitat, una facultad del Gobierno que la oposición quería trasladar al Parlament.

Los nacionalistas de Convergència i Unió (CiU) no quisieron salir de este debate formando bloque con el Partido Popular (PP) y ganando las votaciones por 68 contra 67. Este recurso lo utilizaron sólo para derrotar la propuesta de los tres partidos de izquierda, que pretendían atribuir al Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC) la función de otorgar las licencias de radio y canales de televisión para emisoras privadas.Salvada esta potestad, que obligó a los 135 diputados a acudir a la sesión porque las votaciones de confrontación son ahora muy ajustadas, el Gobierno de CiU negoció con el PSC-Ciutadans pel Canvi, Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) un acuerdo global para reformar toda la legislación relativa a los medios audiovisuales públicos. Es un acuerdo que prevé cambiar el actual modelo, caracterizado por la dependencia respecto del Gobierno catalán y los partidos, por otro que deberá garantizar la independencia y la profesionalidad.

Las resoluciones aprobadas por unanimidad incluyen plazos, que además son cortos. En cuatro meses deberá aprobarse una nueva ley del CAC para convertirlo en la autoridad independiente encargada de la regulación de los medios audiovisuales en Cataluña. Tendrá personalidad jurídica propia, autonomía orgánica, funcional y financiera y dispondrá de potestad sancionadora.

Una nueva CCRTV

En seis meses deberá aprobarse también una nueva ley de la Corporación Catalana de Radio y Televisión (CCRTV), la entidad que agrupa a TV-3 y las emisoras de radio de la Generalitat. Esta nueva ley deberá eliminar la dependencia respecto del Ejecutivo y los partidos que se ha convertido en la característica más destacada de la actual. Deberá organizar la CCRTV a partir de criterios de independencia y profesionalidad. Su Consejo de Administración no será, como sucede en la actualidad, una mera reproducción de las mayorías parlamentarias, sino un órgano gestor, y sus integrantes serán expertos y gestores sometidos a un riguroso régimen de incompatibilidades.

El pacto incluye también el compromiso de presentar en el Congreso de los Diputados las propuestas para modificar la legislación española que afecta también a esta materia. Se trata de las leyes del Estatuto de RTVE de 1980, de Terceros Canales, de emisoras municipales y de la radiotelevisión digital terrestre.

En coherencia con este planteamiento, el acuerdo incluye también la aplicación de todos estos criterios a los servicios de comunicación locales, que a diferencia de la radiotelevisión de la Generalitat, hasta ahora controlada por CiU, están principalmente en manos de los socialistas.

La coherencia con este proyecto de reforma obligaba al Gobierno a ceder la potestad que tiene de nombrar al director general de la CCRTV. Era uno de los caballos de batalla de la oposición y CiU se resistía a ceder alegando que la ley atribuye esta responsabilidad al Gobierno y, por tanto, no podía hacerse de otra forma.

El consejero de Presidencia, Xavier Trias, explicó que CiU y el PP cerraron el martes por la noche, después del debate, un acuerdo para que el nombramiento del director general continuara en manos del Gobierno. Ante esta actitud, que restaba toda credibilidad a la pretendida voluntad de reforma, los tres partidos de izquierda anunciaron que se opondrían a todas las propuestas de CiU. La división entre los dos bloques, el 68 contra 67 que los nacionalistas quieren evitar a toda costa, estaba garantizada. En este punto comenzó la negociación, a la que se incorporó también el PP.

El resultado fue que, por vez primera desde 1983, el próximo director general de la CCRTV no será una persona de la exclusiva confianza política de Pujol. Deberá obtener el consenso del Consejo de Administración de la CCRTV. Por consenso se entiende "un acuerdo superior al de dos partidos", según se encargó de destacar el diputado de ERC Josep Bargalló. Es decir, superior a la suma de CiU más el PP. El acuerdo se plasmó en una resolución que obtuvo 135 votos. Incluso Pujol la votó.PASA A LA PÁGINA 4