Interior propone que todos los policías tengan igual formación y sueldo

El Ministerio del Interior quiere homogeneizar la formación, comportamiento, medios materiales y retribuciones de todos los cuerpos policiales, tanto de carácter estatatal como autonómico o local, creando incluso una academia común. Así figura en el borrador de las conclusiones de la Subcomisión Parlamentaria para el Establecimiento de un Nuevo Modelo Policial presentado por el PP. Todos los grupos de la oposición han puesto objeciones al texto.

La subcomisión del Congreso que ha estudiado el nuevo modelo policial se reúne hoy para aprobar sus conclusiones. No será fácil consensuar el texto, pues el borrador del PP ha sido objetado por todos los grupos de la oposición. Aunque sólo PSOE e IU plantean textos alternativos, algunas enmiendas parciales lo descalifican globalmente, como la del PNV, que lo tilda de "una especie de LOAPA en materia de seguridad".Ello se debe al deseo del Ministerio del Interior, inspirador del documento del PP, de establecer lo que denomina una "cultura de seguridad común" a todos los cuerpos policiales. Para ello, propone diseñar "unas bases mínimas de formación que recibirían por igual los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de las Policías Autonómicas y de las Policías Locales". Con dicho objetivo se potenciarían los "programas conjuntos" y se estudiaría la creación de una "Escuela Superior de Estudios de Seguridad en la que todos los mandos superiores y ejecutivos de las distintas fuerzas de seguridad tuvieran un periodo de formación común". Esta escuela dependerá, según la propuesta del PP, del Consejo de Política de Seguridad, un órgano paritario del Estado y las comunidades autónomas previsto legalmente desde 1986 que nunca se ha llegado a constituir.

Dicho consejo, que ahora se quiere poner en marcha, debería también consensuar la "unificación de [los] modos de comportamiento" de las diferentes policías, a través de "manuales de servicio comunes a todos los cuerpos y para todo el territorio".

El PP quiere que la armonización llegue también al terreno del equipamiento y los recursos materiales asignados a los diferentes cuerpos y al establecimiento de "parámetros rígidos de fijación de necesidades" en materia de personal, para limitar "un crecimiento indiscriminado de los recursos humanos".

Por último, propone una "armonización" de la política de retribuciones, para evitar los "agravios comparativos y desequilibrios injustificados" que se producen en los sueldos de las diferentes policías, mucho más elevados en el caso de las autonómicas. Los ertzainas y los mossos d"esquadra cobran, de media, 60.000 pesetas más al mes que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía, según los sindicatos policiales.

El PP cree que sólo es necesario realizar "ajustes" en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986, pero no reformarla; y rechaza la creación de nuevas policías autonómicas, aunque algunas comunidades (Galicia, Andalucía, Valencia y Canarias) tienen competencia para ello. Como alternativa, propone adscribir unidades del Cuerpo Nacional de Policía a las autonomías y firmar convenios con la Guardia Civil.

Las funciones de Policía Judicial las reserva a las policías estatales y autonómicas. A las primeras les atribuye "competencias de control y coordinación del sistema de seguridad en su conjunto", sobre todo el territorio. La cooperación policial internacional, agrega, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía, bajo la dirección de la Secretaría de Estado de Seguridad, mientras que los demás cuerpos deben limitarse a participar "en la ejecución de tareas operativas".

En sus enmiendas a la totalidad, el PSOE propone una "posible federalización" del modelo policial, mientras que IU aboga directamente por una policía federal. CiU sugiere la reforma de la ley de 1986 y el PNV sostiene que la cooperación policial en el ámbito de la UE debe considerarse interna, por lo que reclama para la Ertzaintza el control de la frontera vasco-francesa.