Economía abre la vía a que los gasolineros eludan el control de las petroleras

El Ministerio de Economía y Hacienda ha abierto la posibilidad de que se modifiquen los contratos en exclusiva de las petroleras con las gasolineras. El Servicio de Defensa de la Competencia ha encontrado conductas de prácticas restrictivas al libre mercado. Por este motivo, el Servicio enviará al Tribunal de la Competencia los expedientes que abrió el pasado mes de agosto por presunta ilegalidad de esos contratos, a raíz de una denuncia de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Servicio (APES) que agrupa a más de 300 empresarios de gasolineras.

El Servicio de Defensa de la Competencia, cuyo director es Luis de Guindos, abrió expediente el pasado 26 de agosto. Tras las investigaciones pertinentes y las consultas a las partes implicadas para que aportaran los datos y explicaciones que consideraran oportunas para defender sus tesis. Esas investigaciones han ido dirigidas, principalmente, a las tres empresas herederas del antiguo monopolio de petróleo (Repsol, Cepsa y BP España), que copan más del 75% del mercado y del 60% de la red de gasolineras, entre propiedad y abanderadas.Tras las citadas consultas, el Servicio ha abierto un "pliego de concreción de hechos" en el que se afirma que, "una vez escuchadas las dos partes, se deduce que hay indicios de prácticas contrarias a la competencia". El plazo que tienen las empresas para presentar alegaciones se cierra el día 16 de diciembre. Los equipos jurídicos de ambas partes trabajan en estas alegaciones, según han confirmado fuentes empresariales. Posteriormente, el Servicio dispone de un plazo de dos meses para enviar al Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo que tiene capacidad sancionadora administrativa.

El eje central de denuncia presentada por los empresarios de estaciones de servicio es que en los contratos que las petroleras ofrecen al empresario de gasolineras aparecen como comisionistas y no como revendedores. Esta figura, que reclaman los gasolineros y que está más acorde con la normativa comunitaria tras la liberalización del sector, consiste en que los propietarios de las estaciones pueden fijar los precios una vez que reciban el suministro de las petroleras. El comisionista, en cambio, debe fijar el precio que le dice la petrolera sin posibilidad de cambio.

Al presentar la denuncia el pasado verano, el presidente de APES, Andrés Delgado, explicaba que esta distinción es fundamental para elevar el nivel de competencia en el sistema de ventas del carburante. Con el estatuto de revendedor, los contratos que firma con el suministrador no podrían superar los cinco años de duración (ampliable a 10 años si tienen contraprestaciones especiales), mientras que como comisionista se firman por 30 años. Según Delgado, de esta forma quedan atados al suministrador.

La decisión de Economía es una carga de profundidad para la operativa de las petroleras, que pueden ver seriamente aumentados sus contratos de suministro si la decisión del Tribunal de la Competencia obliga a modificarlos. Y, de acuerdo con las apreciaciones del Servicio de la Competencia, existen visos de que prospere en ese sentido. El punto fundamental es que abriría la puerta para que otras empresas puedan competir por los contratos de suministro. En España, además de las tres empresas dominantes citadas, operan unas 20 multinacionales y, según los gasolineros, repercutiría en una rebaja en el precio final al consumidor.

Andrés Delgado reconoce que su asociación se dirigió en el año 1998 a la Comisión Europea para denunciar esta situación y que la propia Comisión les pidió que se dirigieran a las autoridades de la competencia españolas.

Fuentes de las empresas operadoras señalaron ayer que se está "ante un complejo problema jurídico y serán los tribunales quienes tengan la última palabra". Añaden que "se trata de una especie de medida de presión para mejorar sus condiciones económicas, cuando los gasolineros españoles son los que tiene un margen mayor en Europa, en torno a las siete pesetas por litro vendido".

Las mismas fuentes sostienen que todos los contenciosos que se han producido entre las petroleras y las estaciones de servicio se han resuelto a favor de las primeras y que, en todo caso, "pueden luchar por mejorar sus condiciones".

Esas fuentes recalcan que la doctrina de la Unión Europea es partidaria de que los contratos de las petroleras con las gasolineras sean largos porque se trata de un sector con fuertes inversiones y que tiene una gran incidencia en el impacto medioambiental aunque reconocen que el debate está abierto.