La Fiscalía de Madrid decide intervenir de oficio en las quiebras para evitar corrupciones

La Fiscalía del Tribunal Superior de Madrid ha decidido intervenir de oficio en todos los procesos judiciales relacionados con quiebras o suspensiones de pagos de empresas, en los que se mueven miles de millones de pesetas. El objetivo de la fiscalía es controlar estos procesos y, en su caso, actuar contra posibles corrupciones. El juez decano de Madrid, Fernando Fernández, apoyó ayer la iniciativa: "Ven más cuatro ojos que dos", sentenció.

Esta iniciativa se produce tras varias investigaciones desarrolladas en Madrid, que terminaron archivadas, en la que se indagó por qué un minúsculo grupo de interventores monopolizaba casi todos los procesos de este tipo. Los comisarios o interventores son profesionales del derecho o la economía a quienes los jueces encomiendan la gestión de una empresa en crisis. El objetivo de la fiscalía es velar por los intereses de los trabajadores de estas empresas, según fuentes jurídicas. Para ello, supervisará todos los expedientes, intentará que los interventores o comisarios perciban una dieta fija mensual y no cobren de las empresas a espaldas del juez, analizará las cuentas que eleven éstos profesionales a los magistrados y, además, si observa cualquier tipo de corrupción, la combatirá por la vía penal, según los citados medios. El fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, ha encomendado esta labor a los fiscales del área de delitos económicos, expertos en esta materia.

El juez decano de Madrid, quien durante varios años llevó un juzgado de primera instancia y conoce bien el desarrollo y los intereses que se mueven en estos procedimientos, es partidario de "democratizar" la designación de los interventores. Nada más llegar al decanato, en 1996, constató "con preocupación", dijo, que tres interventores de Madrid acaparaban "el 70% de los procedimientos" de este tipo que llegaban a los juzgados. Y se preguntó: "¿Cómo una persona puede gestionar 50 empresas en quiebra a la vez?".

En Madrid hay interventores que han llegado a cobrar hasta 50 millones de pesetas por tramitar una quiebra de una empresa con un pasivo de 5.000 millones, según los mismos medios. Aunque la cifra de empresas en quiebra o en suspensión de pagos se ha reducido notablemente en los dos últimos años ("antes se registraban unos 70 expedientes cada trimestre y ahora sólo hay cinco o seis", señaló ayer el decano), la situación de monopolio persiste, aunque con menos intensidad que antes, señala el decano. La elección del comisario compete al juez.

Una investigación desarrollada hace varios años desveló que el interventor Miguel Guijarro, sólo entre 1990 y 1992, había intervenido en 64 asuntos, con un pasivo empresarial de 80.000 millones, y que Joaquín Lluch Rovira había actuado en 72 asuntos con un pasivo de 73.000 millones.