Un Gobierno a la defensiva

Las iniciativas del Consell han brillado por su ausencia desde las pasadas elecciones, pero las ocasiones para demostrar capacidad de reacción han sido numerosas. Los conciertos educativos con una decena de colegios de élite y vinculados al Opus Dei, aprobados durante el mes de agosto, generaron una importante polémica. El Consell había subvencionado a un colegio que arrastraba deudas millonarias con la Seguridad Social. Manuel Tarancón, consejero de Educación, atribuyó el desliz a la falta de controles heredada de sus predecesores socialistas y, al menos, tuvo la valentía de modificar la orden de convocatoria de conciertos.

El cierre de un asilo ilegal en Formentera de Segura, Alicante, en el que habían muerto 25 ancianos a lo largo de un año puso en evidencia la falta de servicios de inspección en la Consejería de Bienestar Social. Carmen Mas se apresuró a comparecer ante las Cortes, pero evitó asumir compromisos concretos para paliar las graves deficiencias de la inspección pública.

Las supuestas relaciones empresariales del diputado del PP Luis Concepción con los adjudicatarios en exclusiva de los diagnósticos clínicos por resonancia magnética en la provinvia de Alicante también provocó la comparecencia parlamentaria del responsable de Sanidad, José Emilio Cervera, que se ha limitado a intentar ganarse a los profesionales médicos para frenar la polémica.

La denuncia contra el último director general del Ivex por un supuesto delito societario que habría generado un agujero millonario en las cuentas de la entidad ha destapado otra caja de los truenos, pero el responsable de Industria, Fernando Castelló, no parece tener ninguna prisa por ofrecer explicaciones al respecto.