El sentido común y la ordenación territorial

Como era previsible, se ha consumado la disolución del Consell Metropolità de l"Horta. Ahora nos espera la proverbial eficacia de la comisión liquidadora y, llevando muy lejos la credulidad, la prometida tramitación de una Ley de Áreas Metropolitanas de la Comunidad Valenciana de la que el partido gobernante no se ha dignado avanzar el modelo que piensa utilizar, quizá porque todavía lo desconocen.La disolución acordada está basada en un cúmulo de despropósitos. El primero fue, sin duda, la suicida reducción de competencias que acordó el último Gobierno socialista de la Generalitat en 1995. Pero un error no justifica su continuación sino que exige su rectificación. Entre 1991 y 1995, la política del Ayuntamiento de Valencia dirigido por Rita Barberá fue de consciente ninguneo de la institución cuando no de abierta hostilidad, renunciando de esta forma a plantear el tema metropolitano como una exigencia de racionalidad que debía estar por encima de las diferencias políticas . Entre 1995 y 1999, el Ayuntamiento mantuvo su actitud y la Generalitat dejó vegetar el organismo no desaprovechando la ocasión para echar más leña al fuego como lo demuestra la kafkiana situación del saneamiento en la que Ayuntamiento, CMH y Generalitat (creo que también la Diputación) interpretan a la perfección la ceremonia de la confusión.

Por una de aquellas ironías a las que la historia nos tiene tan acostumbrados, los resultados de la últimas elecciones daban el gobierno del ente metropolitano al centro-izquierda. La reacción ha sido tan ejemplarmente rápida como carente de lógica. Sin ánimo alguno de consensuar la solución futura con los alcaldes del área, la Generalitat ha entrado como elefante en cacharrería, confundiendo legitimidad democrática con bondad e intentado justificar la disolución con argumentos tan pueriles como que el ente estaba "politizado" o demagógicos como afirmar que "no era eficiente". Afirmar esto último presupone aceptar que la institución contaba con recursos y competencias relevantes, cosa que no es cierto, y, además, tener algún indicador mínimamente objetivo de la "ineficiencia" cuya aplicación , caso de existir, dejaría bastante mal parado al propio Ayuntamiento de Valencia, a las tres diputaciones y quizá a la propia Generalitat. Y, en el colmo de los despropósitos, se justificaba también la disolución como una consecuencia "natural" del cacareado Pacto Local que es tan sólo una mera declaración de buena voluntad de "devolución" de algunas competencias a los ayuntamientos, absolutamente inviable sin una reforma previa del gobierno local.

Todo esto es, en cualquier caso, agua pasada y no creo que la vía judicial solucione el desaguisado. Así pues, haciendo de la necesidad virtud, me atrevo a sugerir a mis avezados gobernantes que por una vez y sin que sirva de precedente, apliquen al caso el sentido común aderezado con una pizca de visión política, entendida ésta como la superación del vuelo gallináceo al que nos tienen acostumbrados .

Veamos por dónde podría ir la cosa. A poco que uno piense, el actual gobierno del territorio - de tanta trascendencia para el crecimiento económico y el bienestar social- dista bastante de ser satisfactorio. Más de quinientos municipios, muchos de los cuales carecen de recursos y capital humano. Tres esclerotizadas diputaciones cuya participación en la inversión pública es inferior al 10%. Un sinfín de agonizantes e inoperantes mancomunidades (excepciones aparte). Una Generalitat que detenta competencias como la sanidad, la educación o los servicios sociales que en muchos países europeos suelen estar compartidas con los ayuntamientos o, en algunos casos, ser competencia de éstos últimos. Un flamante abanico de "áreas o mapas" de actuación que no coinciden ni por casualidad (el mapa escolar, el mapa sanitario, las circunscripciones judiciales o de hacienda etc.).

Este sistema de gobierno contrasta vivamente con el funcionamiento real del territorio y las necesidades del personal. En muchas ocasiones nos encontramos con territorios funcionalmente muy integrados pero carentes de cualquier organización supramunicipal. El caso extremo son las áreas metropolitanas pero también otras muchas comarcas (las comarcas centrales del interior, la Safor, las Marinas etc.). En otras ocasiones, la exigencia de las soluciones supralocales se deriva de la imperiosa necesidad de agruparse para alcanzar umbrales de población que permitan una dotación de servicios adecuada. Es el caso evidente de muchas comarcas del interior.

Vista la inadecuación (yo diría que profunda) entre la estructura del gobierno del territorio y las exigencias de racionalidad, sus señorías podrían tener a bien dedicar una pequeña parte de su bien pagado tiempo en reflexionar sobre si no es hora ya de acometer una reforma en profundidad del gobierno local sobre la base o bien de las comarcas históricas o bien, cuando ello sea preciso, de una agrupación de éstas . De esta forma tendríamos entes locales supralocales y subregionales que tendrían la dimensión suficiente para, ahora sí, poder hacer efectiva la "devolución" de competencias. Se eliminaría además la maraña de divisiones sectoriales existentes y se facilitaría en grado sumo la coordinación ya que sentarse a la mesa el consejero del ramo con catorce o quince representantes de estos nuevos entes locales es tan sencillo como efectivo. Y en este marco, no habría ningún problema en que las áreas metropolitanas tuvieran un tratamiento específico.

Ésta es quizá una forma modesta pero efectiva de ser la envidia de España, los mejores del mundo mundial o cualquiera de las frases grandilocuentes al uso. Sólo que exige valentía política, visión a largo plazo, sentido común y voluntad de consenso. Sé que ni los alcaldes son muy propicios a ceder competencias hacia arriba ni la Generalitat hacia abajo. Soy consciente igualmente de que en el esquema planteado sobran las diputaciones (cuyos recursos nutrirían en buena medida los nuevos entes) y que el inteligente de turno no tardará en rasgarse las vestiduras al grito de !!esto es inconstitucional¡¡, como si los demás no supiéramos que la Constitución de 1978 reconoce a las diputaciones como entes locales. Pero, en el más estricto espíritu federal, no estamos abogando por que en España se supriman las diputaciones. Cada comunidad debería ser libre para autoorganizarse y las constituciones pueden modificarse sin incurrir en pecado mortal .

Si se aplicara la misma celeridad a estudiar y hacer operativa esta propuesta -manteniendo "formalmente" las diputaciones hasta el cambio constitucional preceptivo- que la que se ha utilizado en disolver el Consell Metropolità de l"Horta sin meditar las consecuencias a corto plazo, me retractaría gustoso. Mi problema reside en el permanente divorcio que detecto entre el sentido común y la práctica política. Claro que no saber estar a la altura de las circunstancias se acaba pagando caro tarde o temprano y ésta es una advertencia gratis para navegantes sin rumbo. De nada.

Josep Sorribes es profesor de Economía Regional y Urbana de la Universidad de Valencia.