Las defensas de Garro, Hachuel y Liaño atacan las bases del procedimiento
Las defensas de los acusados Fernando Garro, Jacques Hachuel y Mariano Gómez de Liaño lanzaron ayer un duro ataque contra la instrucción del caso Banesto y concluyeron que la prueba practicada a lo largo de dos años de juicio oral -que se cumplen exactamente hoy día 1- demuestra, según los letrados, que los hechos ni son delictivos ni se ha precisado la participación de cada uno de los tres acusados.El letrado Javier Sáez de Pipaón, en representación de Garro, ex director general de Banesto, dijo que los informes de la policía judicial sobre la llamada Operación Locales Comerciales no suponían "investigación alguna de nada", y subrayó que los inspectores se limitaron a poner por escrito informaciones que se les proporcionaron en línea con el objetivo de las actuaciones, esto es, criminalizar a Garro. Según insinuó el letrado, la operación -que las acusaciones califican de estafa y alternativamentede apropiación indebida- formó parte de actividades que en aquella época se desarrollaron en Banesto, como en otras entidades bancarias, con dinero negro, en las cuales las identidades de las personas eran frecuentemente disimuladas.
El letrado aseguró que el presunto dinero faltante -1.550 millones de pesetas- fue devuelto a Banesto y solicitó la absolución de su cliente tanto por esta operación como por la del Centro Comercial Concha Espina-La Esquina del Bernabéu.
El letrado Luis Rodríguez Ramos, en nombre del acusado Jacques Hachuel, dijo que el delito que se imputa al financiero está prescrito al pasar seis años desde la fecha de su presunta realización, 1990, hasta el momento en que se le acusó, 1996. Asimismo, dijo que el dinero pagado por la multinacional Air Products -1.344 millones de pesetas- por unas opciones al 5,9% del capital de Carburos Metálicos pertenecía a Hachuel y que aún estaba depositado en una fundación de Liechtenstein.
José Lozano, en nombre de Mariano Gómez de Liaño, manifestó que le había resultado muy difícil encarar la defensa de su cliente por el "totum revolutum" que suponía los dispares cargos presentados contra el acusado. Señaló que no había bases para sostener la existencia de delitos en las operaciones Isolux y Promociones Hoteleras y solicitó la absolución de su cliente.
El juicio está a punto de quedar visto para sentencia.
