España reclama a la OAMI los 315 millones pagados por el alquiler de su sede desde 1997

El Gobierno español, a través de sus representantes en el Consorcio de Obras y Servicios de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Cosoami), ha reclamado a la Euroagencia de marcas, con sede en Alicante, la devolución de los alquileres de su sede provisional abonados con cargo a las arcas españolas desde enero de 1997 hasta agosto de 1999, por considerar que "no es factible" subvencionar a un organismo público cuya gestión económica arroja superávit. El presidente de la Oficina Europea ha reclamado una intervención del Tribunal de Cuentas de la UE.

Todo apunta a que las diferencias, de índole económico, entre la Administración española y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de marcas, dibujos y modelos, acabarán dilucidándose en los juzgados ordinarios.Si la semana pasada se conoció que los representantes de España en el Cosoami habían votado en contra de los presupuestos de la conocida como Euroagencia, ayer se supo que el Gobierno español ha reclamado, ante el Comité presupuestario del mismo organismo europeo, la devolución de los alquileres de la sede provisional a los que ha hecho frente desde enero de 1997 hasta agosto de este año. La cantidad "a devolver", asciende a 315 millones de pesetas, según informó el jefe de la delegación española ante la OAMI, José Gadeo.

El Ministerio de Industria mantiene la tesis de que el acuerdo suscrito en 1994 con la Comisión Europea, merced al cual España haría frente al pago del alquiler del edificio sito en la Avenida de Aguilera hasta que finalizara la construcción de la sede definitiva de la Euroagencia, tenía por objeto ayudar a un organismo nuevo cuya gestión se preveía deficitaria en sus primeros años de funcionamiento, para no gravar las arcas de la Unión Europea.

Sin embargo, en su primer año de su puesta en funcionamiento, la OAMI se confirmó como una institución muy rentable, y en enero de 1997 anunció que ya contabilizaba beneficios. "No puede ser que la Euroagencia gane dinero y nosotros paguemos el alquiler, porque no necesita esa subvención y contribuimos a engordar el superávit", declaró Gadeo. Con ese argumento, la delegación española ha reclamado que le sean devueltos los alquileres abonados por el Ministerio de Industria desde que, en enero de 1997, la Euroagencia alcanzó beneficios en su gestión de registro y protección jurídica de marcas en el marco de la UE. La negativa a seguir pagando ya se ha consumado, y los propietarios del edificio no han cobrado las mensualidades de septiembre y octubre.

Los dirigentes de la Euroagencia no han contestado a la reclamación de los 315 millones. "Nos quedan otras vías", anunció ayer José Gadeo, que no descartó la judicial.

La tensión con las autoridades españolas ha hecho reaccionar al máximo responsable de la Oficina Europea, el francés Jean Claude Combaldieu, que ayer emitió un comunicado oficial para responder a las declaraciones que realizó el miércoles el subsecretario de Industtia y Energía español, Carlos Bueno [ver EL PAÍS del jueves].

En el escrito, Combaldieu asegura que, "en virtud de los acuerdos políticos existentes", el Cosoami debe hacer frente al pago del alquiler de la sede provisional -que asciende a 11 millones mensuales- hasta la entrega del edificio definitivo que se construye en el Paseo de Calabarda, también en Alicante.

La OAMI rechaza cualquier responsabilidad en el retraso de la construcción de ese inmueble, que la Administración española imputa a reformados impuestos por los eurofuncionarios, y para que prevalezca "la transparencia y la verdad", la OAMI ha solicitado el control de la gestión de la obra por el Tribunal de Cuentas de la UE.

España no se opuso a los presupuestos de la Euroagencia del año 2000, como por error ha informado este periódico, sino al presupuesto rectificativo y suplementario de 1999, que no contempla el pago del alquiler.