Juicios en Pakistán

EL RÉGIMEN castrense paquistaní salido del golpe de 12 de octubre ha llevado ante un tribunal antiterrorista al depuesto primer ministro, Nawaz Sharif, al que acusa, entre otros delitos, de secuestro aéreo y tentativa de asesinato, relacionados con su propósito de impedir el aterrizaje, el día del golpe, del avión que devolvía desde Sri Lanka al general Pervez Musharraf, jefe de la rebelión. Simultánemente, los militares han iniciado, al amparo de una nueva ley y entre el asombro y el beneplácito popular, la detención de notables paquistaníes -de la industria, la política y el propio Ejército-, acusados de saquear las arcas públicas y a los que se había dado un mes de plazo para redimirse. Deben a bancos e instituciones financieras estatales unos 600.000 millones de pesetas en préstamos obtenidos utilizando su influencia. Entre los detenidos figuran tres ex ministros.No es la primera vez que quien manda en Pakistán se erige en deus ex machina de la moralidad. Anteriores cruzadas contra la corrupción, bien que sin la aparente energía de la encabezada por Musharraf, no dieron los frutos apetecidos en un país desposeído, fatalista y con un clima económico más que permisivo. Las leyes decretadas prevén para los convictos hasta 14 años de cárcel, multas astronómicas y el apartamiento de la vida pública por 21 años, lo que puede menguar sustancialmente el censo de los políticos paquistaníes.

Los movimientos regeneracionistas de esta naturaleza, incluso los apoyados popularmente, se sabe cómo comienzan, pero nunca cómo y dónde acaban. Sobre todo si, como en el caso de Pakistán, no hay ningún otro poder que pueda fiscalizar los excesos del que se ha erigido en árbitro supremo. Los generales cuentan con la relativa credibilidad de su institución, quizá la única que retiene algún respeto entre los escépticos ciudadanos. Pero experiencias anteriores muestran lo frágil de esta asunción. Purgas semejantes han acabado en puras venganzas políticas. En el anterior golpe de Estado, los militares destituyeron a Zulfikar Alí Bhutto, después ejecutado. La medida suscitó el repudio internacional y se volvió en Pakistán contra los presuntos justicieros.

Musharraf, pese a las presiones internacionales, no ha presentado todavía una agenda para la restauración del sistema democrático que quebró en octubre. Ahora, con el procesamiento del impopular Sharif y la redada de notables, ha dado una vuelta de tuerca. Los militares paquistaníes deben esmerarse en garantizar para los detenidos un juicio transparente e imparcial, en el que se respete su derecho a defenderse. Y por encima de todo, dar los pasos para que cuanto antes sean los ciudadanos los que tengan la oportunidad de decidir a través del veredicto de las urnas.