El Constitucional obliga al Gobierno a reformar la Ley de la Competencia

El Gobierno ha decidido adaptar el texto de la nueva Ley de Defensa de la Competencia, actualmente en el Senado, a la sentencia que el pasado martes dio a conocer el Tribunal Constitucional. El camino decidido es añadir al actual texto una disposición final por la que el Gobierno se compromete a presentar antes del 31 de diciembre del 2000 un proyecto de ley por el que "regulan los criterios de conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en la competencia", que ha sido lo que ha rechazado el Constitucional.

La sentencia del Constitucional en la que daba competencias sancionadoras en materia de competencia al País Vasco y Cataluña se refiere a la ley de 1989. Sin embargo, el actual texto que se tramita en el Senado tenía la misma filosofía, por lo que el Gobierno se encontraba en la tesitura de retirar el actual proyecto de ley que se está tramitando por el procedimiento de urgencia o bien retocarlo para recoger la sentencia del Constitucional. Al final se ha optado por la segunda vía para que el texto entre en vigor lo antes posible.Según Luis de Guindos, director general de Política Económica y de la Competencia, éste es el mejor camino y el más operativo, y recuerda que la sentencia del Constitucional se refiere a las conductas que vayan contra la competencia y que tengan impacto en una sola comunidad autónoma, ya que para las conductas que tengan incidencia en dos o más comunidades autónomas son los órganos centrales (Servicio de Defensa de la Competencia y Tribunal de Defensa de la Competencia) los que siguen manteniendo sus plenos poderes. Esas fuentes recuerdan que la sentencia del Tribunal no anula los siete artículos declarados inconstitucionales hasta que el Estado no arbitre las medidas necesarias para dar poder a las autonomías.

Con la adaptación del texto normativo en el Senado, con mayoría del PP, el Gobierno cree que aprobará un texto perfectamente actualizado y útil. Cuando se conoció la sentencia, tanto el grupo parlamentario socialista como CiU y el PNV entendieron qué texto debía devolverse al Congreso de los Diputados para su retoque.

Propio servicio

La sentencia, de hecho, abre las puertas para que todas las comunidades autónomas tengan su propio servicio y Tribunal de Defensa de la Competencia, ya que todas ellas (a excepción de Extremadura) tienen competencia sancionadora en el mercado interior, que fue el motivo por el que Cataluña y el País Vasco recurrieron la Ley de Competencia de 1989 y cuyo recurso ha sido ganado en el Constitucional.El presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, Amadeo Petitbó, ha señalado que la sentencia tiene el riesgo de romper la unidad de mercado, uno de los conceptos que sacraliza el texto actualmente en el Senado. La sentencia del Constitucional, que dificulta la salvaguarda de la unidad de mercado por parte del Ejecutivo, ha generado un amplio debate entre los expertos jurídicos.

Fuentes de CiU han señalado que es necesario hacer un estudio en profundidad de las repercusiones que puede tener la sentencia, aunque consideran que supone un importante paso que se ha dado tras su recurso al Constitucional de la anterior ley. Por su parte el Grupo Socialista entendió desde un primer momento que no tenía sentido seguir adelante con la ley tras la sentencia del Constitucional.

El Gobierno ha buscado la salida intermedia de darse un año de tiempo para buscar una salida que permita enlazar la filosofía de la ley con la doctrina del Constitucional, y para ello se buscarán vías de consenso con los grupos parlamentarios, que posiblemente sean de la próxima legislatura.