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La auditora del Ivex y el grupo Lagier en Valencia tenían su sede en el mismo edificio hasta julio

El grupo Lagier abrió una oficina en Valencia en 1996 en el mismo edificio que alberga la sede de la empresa auditora del Ivex. Lagier España Sociedad Limitada tenía su sede en la tercera planta de un edificio de la avenida de Aragón. Audihispana Valencia Sociedad Limitada, que fiscaliza las cuentas del Ivex al menos desde 1996, tiene sus oficinas en la misma planta del mismo edificio. Audihispana traslada sus informes a la Sindicatura de Cuentas, que ya advirtió sobre los problemas para cobrar a una empresa del grupo Lagier en su informe relativo al ejercicio de 1997. La directora del Ivex, Carmen de Miguel, aseguró el jueves que la auditoría realizada en 1997 salió "sin tacha.

El juez admitió ayer a trámite la querella presentada por el instituto público contra su ex director José María Tabares y contra el empresario Jean Luc Lagier, a quienes imputa un delito societario, una tipificación incorporada al Código Penal de 1995 para evitar los fraudes a través de entramados de ingeniería financiera que no implica estafa, apropiación indebida o malversación de caudales, que el Ivex no puede probar. Pero los problemas del Ivex con empresas relacionadas con Jean Luc Lagier se arrastran, por los menos, desde 1997, lo mismo que la falta de precauciones adoptadas por la entidad.El informe de la Sindicatura relativo al ejercicio de 1997 recuerda el contrato suscrito entre el Ivex y Ford el 7 de julio de 1995, para comprar productos industriales en Túnez y generar los derechos de compensación exigidos por las autoridades magrebíes para autorizar la exportación desde España de vehículos Ford. Y advierte que las operaciones entre la sociedad tunecina Sonotube y la francesa Apod, ambas del grupo Lagier, entrañaban un considerable riesgo. La sindicatura advierte que el Ivex debería consignar en sus balances deudas contraídas con entidades bancarias por un total de 533 millones o, al menos dotar un fondo para prevenir insolvencias.

El grupo Lagier se estableció en España en 1996 a través de la sociedad Lagier España SL, una empresa dedicada a la fabricación de productos industriales, según consta en el registro mercantil. Llama la atención el hecho de que Lagier optara por instalar sus oficinas en Valencia en el mismo edificio y la misma planta donde está instalada la empresa auditora del Ivex. Lagier trasladó su domicilio social el pasado julio, la misma fecha en que los gestores del Ivex sitúan las operaciones fallidas por más de mil millones de pesetas avaladas por Tabares.

Al margen de coincidencias, los hechos prueban que el Ivex nunca tomó en cuenta los informes de la sindicatura sobre el riesgo de las operaciones con el grupo Lagier en 1997.

El instituto para la exportación deja de consignar las deudas y evita dotar un fondo de riesgo desde 1997

Los presupuestos del Ivex para los años 1998, 1999, incluso para el año 2000, demuestran que la entidad ha optado por eludir las recomendaciones de la Sindicatura de Comptes. Los epígrafes relativos a provisiones para dotar reclamaciones y para afrontar las deudas contraídas con entidades de crédito no registran ninguna consignación.Carmen de Miguel, actual directora del Ivex, negó rotundamente el jueves que las operaciones entre Sonotube, Apod (del grupo Lagier) y otra serie de sociedades, que generaron una deuda de 533 millones de pesetas, a lo largo de 1997 guarden relación con las paralelas relaciones entre Sonotube y Graficom, una tercera empresa, belga, de la que también es dueño Lagier. Aseguró, además, que en aquella operación no hubo de por medio letra de cambio sino que fue "prefinanciada" por un banco con el que el "Ivex no tenía póliza de descuento". Sin embargo, el informe de la Sindicatura señala a "efectos comerciales descontados" por las citadas empresas como origen de los problemas de cobro que la entidad parece arrastrar desde 1997.

El ex director del Ivex ha sido imputado como presunto autor de un delito societario porque avaló con su firma las letras de cambio que Graficom giró a Sonotube para pagar la supuesta importación de materiales industriales producidos en Túnez y generar así los derechos de compensación que las autoridades del país magrebí exigen para autorizar la exportación desde España de vehículos Ford.

El Ivex acusa a Tabares, entre otras cuestiones, porque no informó al consejo de la entidad de las operaciones y evitó cualquier anotación o registro de la firma de los avales. Pero expertos en materia comercial consideran más probable que los efectos avalados por Tabares fueran prórrogas de letras anteriores, hecho que, según las mismas fuentes, explicaría que el consejo de administración del Ivex no fuera informado. Los directores del instituto, una sociedad anónima participada mayoritariamente por la Generalitat, disponen de amplios poderes. Lo único para lo que no está facultado el director del instituto es para la compra de inmuebles. En cualquier caso, los miembros del consejo de administración del Ivex -el consejero de Industria y Comercio, directores generales de la Generalitat y presidentes de las cámaras de comercio- son responsables solidarios de todas y cada una de las decisiones adoptadas por José María Tabares. El ex consejero de Industria Diego Such fue presidente del Ivex desde junio de 1996 hasta que abandonó el cargo a mediados de este año.

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