La Diputación de Vizcaya sigue sin cumplir la ley en la mitad de los contratos que suscribe

La Diputación de Vizcaya mantiene las anomalías en sus contratos, según recalca el último informe del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. La auditoría aprecia incumplimientos de la ley en casi la mitad de los 52 expedientes de contratación examinados. El caso más destacable se refiere al Bizkaibus, donde las adjudicaciones a las empresas concesionarias han totalizado 2.681 millones y se han apreciado defectos en las facturas. El organismo fiscalizador ha encontrado también irregularidades en las subvenciones a los municipios a través del programa Udalkidetza.

El informe del Tribunal de Cuentas, que fue conocido ayer en una comparecencia del diputado de Hacienda ante las Juntas Generales, se refiere al ejercicio de 1997 y confirma la mejora paulatina del funcionamiento interno de la Diputación vizcaína. Sin embargo, repite varias de las anomalías descubiertas en 1996, como la subida salarial o la normativa de relación de puestos de trabajo, que ha sido sistemáticamente anulada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. "Si bien algunos de los aspectos que han sido declarado nulos se han rectificado, en posteriores relaciones de puestos de trabajo subsiste idéntica regulación a la que ha resultado anulada", señala el tribunal en referencia a la asignación generalizada del complemento específico, la deteminación del de productividad y el sistema de libre designación para los puestos catalogados como jefe de servicio.23 contratos deficientes

Los incumplimientos de la ley disminuyen en 1997, aunque persiste la situación en los contratos. De los 52 analizados -que suponen 12.403 millones en el presupuesto de ese año-, el órgano fiscalizador ve deficiencias en un total de 23, que totalizan 4.061 millones. Tres obras de mejora de carreteras presentan el mayor número de irregularidades, al excluirse otras ofertas sin justificación, la utilización de criterios no objetivos, el cambio del proyecto con anterioridad a su aprobación y la carencia del informe de supervisión de la obra.

El Tribunal de Cuentas censura que la gestión de los anuncios de la Diputación y el suministro de impresos del Departamento de Hacienda se realizó mediante una adjudicación directa "sin promover publicidad ni concurrencia". "Se han realizado gastos de publicidad, por distintos departamentos, a la misma empresa por un importe de 38 millones sin procedimiento alguno de contratación, incumpliéndose por tanto los principios básicos de publicidad y concurrencia", añade.

Uno de los contratos analizados de mayor cuantía, el Bizkaibus, con 2.861 millones, es cuestionado por "defectos formales en las facturas". Desde 1990, la institución foral ha suscrito convenios con distintas empresas para que se encarguen del servicio de viajeros en autobús a lo largo del territorio. Estos contratos, con las empresas Tcsa, Encartaciones, Vascongada de Autobuses y Pesa, terminan en los años 2006 y 2012. En cambio, la auditoria de 1997 no aprecia anomalías en la revisión del catastro de los municipios vizcaínos, una partida de casi 2.000 millones, que en el año anterior mereció el reproche del órgano fiscalizador.

En cambio, confirma las irregularidades en el fondo Udalkidetza, uno de los dos planes de financiación a los ayuntamientos. Este programa, que se dedica a proyectos concretos de cada localidad, concedió en 1997 ayudas a obras distintas a las previstas. "Subvenciones concedidas en ejercicios anteriores por un importe de 327 millones han sido anuladas y nuevamente concedidas (a los mismos ayuntamientos) pero para obras distintas a las inicialmente subvencionadas. Supone una vulneración de los principios de concurrencia, objetividad y publicidad".