La defensa de Romaní pide al tribunal que desoiga las "presiones mediáticas"

La defensa letrada del acusado Arturo Romaní advirtió ayer a los magistrados del Tribunal del caso Banesto que deben desoír a los "grupos de presión mediáticos" a la hora de dictar la sentencia y que la determinación de la culpabilidad o inocencia de los acusados debe hacerse con "respeto al principio de legalidad".En la sesión de ayer del juicio oral, la defensa de Enrique Lasarte defendió la inocencia del que fuera consejero delegado de Banesto, acusado de presunta falsificación de las cuentas y balances de la entidad (artificios contables) correspondientes al cierre del 31 de diciembre de 1992.

El letrado Daniel Álvarez Pastor explicó que Lasarte no empezó a ejercer en su puesto hasta principios de 1993 y que llevó las cuentas de 1992 al consejo de administración del banco, en los primeros meses de 1993, porque estaba convencido de que representaban la imagen fiel de la entidad.

El letrado insistió, asimismo, en que su cliente no participó en ninguna operación de ocultamiento de los problemas patrimoniales de Banesto y en que esta operación no tuvo lugar como tal. El abogado rechazó la propuesta del ministerio fiscal en el sentido de que se condene a los acusados de artificios contables en base al Código Penal vigente (artículo 290), por ser posterior al momento en que tuvieron lugar los hechos enjuiciados.

Tras la defensa de Lasarte tocó el turno a Arturo Romaní. El letrado José Rofes describió ante el tribunal lo que llamó la actuación de los "grupos de presión mediáticos que se erigen en justicieros de la sociedad" y que, según dijo, exigen que los acusados sean declarados culpables por "alguna voluntad divina que no hemos logrado tampoco determinar a lo largo de este juicio". El letrado no ocultó su obsesión por los grupos mediáticos durante varios pasajes de su informe.

Según la defensa de Romaní, ni éste participó en el delito de la llamada Operación Cementeras -la presunta estafa o apropiación indebida de 1.500 millones de pesetas-, ni existió dicho fraude. El letrado explicó que con ese dinero se pagó una comisión a un ciudadano panameño -Jaime D. Cedeño- que proporcionó a Romaní "datos negativos sobre la familia Serratosa en el Grupo Valenciana", por un lado, e "información sobre los planes de la empresa Semex, dirigidos a la compra de activos cementeros en España".