De la precariedad a la integración social

El proyecto de reforma de la ley de Extranjería marca las diferencias con el texto vigente desde la primera frase. La proposición de Ley Orgánica sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España -que las Cortes aprobarán en diciembre tras su tramitación urgente- mantiene el nombre de la ley de 1985, elaborada por el Gobierno socialista, pero incluye una coletilla: "Y su integración social". Una corta frase que revela un cambio de filosofía, un reconocimiento de los mismos derechos básicos que los españoles a los extranjeros por el mero hecho de ser ciudadano del mundo, esté regularizada o no su situación.El proyecto sigue dando el portazo a quienes intentan colarse a hurtadillas en España, salvo que acepten colaborar en la persecución de las mafias de tráfico de personas. También prevé un proceso de regulación extraordinaria para miles de sin papeles en la cuerda floja. Las principales novedades del proyecto son éstas:

- Participación pública. La ley de 1985 niega a los extranjeros "los derechos de sufragio activo o pasivo", aunque este último se les podía reconocer en comicios municipales a los inmigrantes cuyos países de origen otorgasen el mismo derecho a los españoles. La propuesta de reforma afirma que los extranjeros "podrán ser titulares del derecho político de sufragio en elecciones municipales" y consigna que los residentes empadronados que no puedan participar en los comicios puedan elegir entre ellos a sus representantes "con la finalidad de tomar parte en los debates y decisiones municipales que les conciernen".

- Reunión y asociación. Hoy el inmigrante sólo puede ejercer el derecho de reunión si su residencia es legal y pide permiso para hacerlo. La redacción propuesta dice que podrán reunirse libremente los extranjeros "que se encuentren en España" sin necesidad de autorización previa. También se recoge el derecho de asociación para "todos los extranjeros" en igualdad con los españoles.

- Educación. Este derecho sólo se le reconoce hoy al inmigrante que esté legalmente en España. La propuesta publicada el día 4 en el Boletín Oficial de las Cortes Generales extiende este derecho a la educación "básica, gratuita y obligatoria" a todos los menores de 18 años. A las enseñanzas no obligatorias, además, podrán acceder "en las mismas condiciones que los españoles".

- Trabajo. La actual ley recoge que los sin papeles que quieran vivir en España para trabajar tienen que pedir a la vez un permiso de residencia y otro de trabajo, un bucle que en muchas ocasiones dejaba a los inmigrantes sin ambos, al no poder obtener un permiso sin tener antes el otro. Esta estrecha vinculación no aparece en la propuesta aprobada por la Comisión Constitucional. "Los extranjeros tienen el derecho a ejercer una actividad remunerada por cuenta propia o ajena, así como al sistema de la seguridad social", dice el texto, que también admite la posibilidad de que acudan a oposiciones. Se sigue fijando un contingente de mano de obra extranjera y, además, regula los flujos de temporeros.

- Sanidad. Novedad absoluta: el proyecto de ley de Extranjería reconoce la universalidad de la atención de urgencias ("cualquiera que sea la causa"), la asistencia sanitaria a todos los empadronados y a los menores de 18 años, así como la atención integral a las embarazadas. Además, los extranjeros, "cualquiera que sea su situación administrativa", tendrán derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas.

- Residencia. Una disposición transitoria incluida en el texto a debatir prevé una regularización extraordinaria para todos los extranjeros que estuvieran en España "antes del 1 de junio de 1999 y que acrediten haber solicitado en alguna ocasión permiso de residencia y trabajo o que lo hayan tenido en los tres últimos años". El artículo 30 también prevé el acceso a la residencia temporal si se acredita una estancia de dos años en España, se está empadronado y se tienen medios lícitos de vida. Además, se amplían las posibilidades de reagrupamiento familiar. A los menores también se les concede la residencia siempre que estén tutelados por una Administración pública.

- Expulsión. La entrada en patera o por otro medio ilícito y sin papeles sigue suponiendo la expulsión. Incluso no será necesario el expediente de expulsión si son sorprendidos en flagrante o se viola una prohibición previa de entrada. No obstante, el sin papeles que haya entrado irregularmente de la mano de las mafias de tráfico ilícito de seres humanos que opte por denunciarlas y colaborar con la justicia podrá elegir entre quedarse o volver a su país.

- Discriminación. Se considera discriminatorio gravar o negar un piso, un servicio, un trabajo o un curso a un extranjero por su condición de tal, su raza, religión o etnia. Quienes discriminen podrán recibir multas de hasta diez millones de pesetas. También se introducen modificaciones en el Código Penal para endurecer las penas a quienes trafiquen con mano de obra o introduzcan clandestinamente a inmigrantes o los oculten. Las condenas serán más gravosas para quienes pongan en peligro la vida de sus víctimas. Pese a las mejoras, las ONG consideran el texto insuficiente y vigilan para que se modifique al alza. Y para que se apruebe antes del 2000.