El juez imputa cohecho a tres ediles del PP de Callosa que querían sobornar a un edil socialista

Javier Pérez Trigueros, Salvador Guirao Sánchez y Miguel Ángel Plaza Ferrández, concejales del PP en el Ayuntamiento de Callosa de Segura (La Vega Baja), han sido imputados por un juez de Orihuela de un presunto delito de cohecho. Estos ediles fueron acusados por el equipo de gobierno de la localidad, en octubre, de ofrecer prebendas al concejal socialista José Manuel Martínez Bernabé a cambio de traicionar a sus compañeros y favorecer una moción de censura contra el actual alcalde. El juez instructor ha abierto procedimiento de acuerdo a la Ley del Jurado.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Orihuela, Carlos Mancho Sánchez, dictó el pasado 29 de octubre un auto que imputa a tres concejales del PP de Callosa de Segura un presunto delito de cohecho por intentar sobornar a un edil socialista e incoa procedimiento a través del artículo 24 de la Ley del Tribunal del Jurado, que posibilita al juez la apertura de una causa si considera que el relato de unos hechos por parte de los demandantes es verosímil.El caso se conoció el pasado 7 de octubre, cuando el concejal socialista José Manuel Martínez y otros seis compañeros del equipo de gobierno local de Callosa, denunciaron en el juzgado un intento de soborno. Según ese testimonio, los ahora imputados ofrecieron a Martínez dinero, poder y puestos de trabajo estables para él y su esposa a cambio de que abandonara la disciplina socialista, se integrara en el Grupo Mixto y propiciara una moción de censura para desalojar del poder al actual alcalde, José Pina, y sentar en la alcaldía a Javier Pérez Trigueros, cabeza de lista del PP en las elecciones locales celebradas en junio.

El supuesto intento de soborno se produjo el 28 de septiembre en una casa de campo propiedad de Salvador Guirao. Invitado por su propio cuñado, el constructor local Luis Menargues, el concejal socialista acudió a una reunión "secreta" en la que los tres concejales del PP le expusieron la oferta, que debía meditar para contestar días más tarde. Lo que hizo José Manuel Martínez, sin embargo, fue informar a los dirigentes del partido que le ofreció un puesto en la lista municipal en calidad de independiente. Y se fueron todos al juzgado.

El Ayuntamiento de Callosa de Segura, municipio de unos 18.000 habitantes, está gobernado por tres partidos de izquierda (PSPV, EU y Democracia Socialista), que unieron sus nueve votos para evitar el acceso al poder del PP, que consiguió ocho ediles en los comicios.

Acusación desmentida

Nada más conocer la denuncia, los dirigentes regionales del PP instaron a sus concejales a desmentir la acusación, con la amenaza de ser expulsados del partido "de inmediato" si no lo hacían. Los ediles convocaron a la prensa, negaron los hechos y anunciaron una querella contra sus denunciantes por calumnias, que también se tramita en un juzgado de Orihuela, cabeza comarcal del partido judicial.

El procedimiento se ha desarrollado a una velocidad poco habitual en los juzgados de Alicante. Tras recibir la denuncia y cubrir el trámite de la ratificación, el juez tomó declaración al concejal que el PP habría intentado sobornar, a cuyo testimonio concede credibilidad. Fuentes de la investigación calificaron ayer de "clave" la descripción de la finca en la que se habría celebrado la reunión, con profusión de detalles. Los ediles del PP aseguraron que esa reunión no se celebró nunca, y el propietario de la casa de campo que Martínez jamás había puesto un pie en ella.

El auto judicial se completa con un oficio a la Guardia Civil de Callosa para averiguar el paradero de los imputados Javier Pérez, Salvador Guirao y Miguel Ángel Plaza, que tendrán que comparecer, en calidad de imputados y acompañados por sus abogados, ante el juez y el fiscal. Finalizada la instrucción con escrito de calificaciones de las partes implicadas, el juez decidirá si los concejales se sentarán en el banquillo, en cuyo caso el expediente irá a la Audiencia Provincial de Alicante, órgano judicial al que, ante la naturaleza de la imputación, corresponderá decretar la vista oral y nombrar el jurado popular que juzgará.