Inspección fiscal o destierro

"No aguantamos más. El problema de la droga ya es insostenible". "La única solución es que los destierren del barrio. Que los expulsen". Gregorio Martínez lleva casi cuatro años ostentando el cargo de presidente de la Asociación de Vecinos del barrio Perpetuo Socorro de Castellón. En la última reunión, ante cerca de 400 asistentes, tuvo que aplacar los ánimos de unos cuantos vecinos que planteaban como única salida el prender fuego a los domicilios en los que, presuntamente, se lleva a cabo el tráfico de drogas. Él advierte que, aunque las medidas de vigilancia policial se han incrementado durante el último mes, los ánimos están "muy exaltados y la gente muy excitada", por lo que reclama la resolución inmediata, que él sitúa en el destierro. Han tenido otra idea. Como en tiempos y formas de la más salvaje y mejor conocida mafia siciliana, los vecinos de El Barranquet han solicitado otra vía de ayuda, la de Hacienda. Al igual que Al Capone fue finalmente encarcelado no por sus múltiples delitos de sangre sino por sus fraudes fiscales, piensan que los traficantes de su barrio no podrán soportar una inspección fiscal ya que, según mantienen, no declaran sus ingresos. A ello se une el hecho de la difícil justificación que es, para quien no tiene trabajo conocido ni remuneración declarada, la posesión de grandes coches y demás lujos.

El barrio del Perpetuo Socorro, más conocido en Castellón como El Barranquet, tiene, aproximadamente, treinta años de vida. Sus primeros habitantes, gente trabajadora, levantaron sus casas con sus propias manos, mucho esfuerzo y la ilusión de empezar a poblar un barrio en el que, actualmente, viven alrededor de 2.000 personas.

Sin embargo, el tiempo ha pasado y aquel modesto barrio obrero ha llegado a ser famoso por el tráfico de drogas, aunque quienes de este delito se alimentan no son, ni mucho menos, la mayoría de los vecinos. Según el presidente de la asociación de vecinos, de las cerca de 400 familias que viven en el Perpetuo Socorro sólo son 14 ó 15 las que ceden sus domicilios para que se lleven a cabo los "trapicheos". "Nosotros los conocemos, sabemos quiénes son", asegura Martínez, "pero las autoridades también", añade.

El problema de la droga no es nuevo en el barrio. "Llevamos muchos años soportándolo", aseguran. Sin embargo, en los últimos meses se ha incrementado, sobre todo, por las actitudes de los que acuden a comprar la droga. "Hacen cualquier cosa", mantiene Martínez. "En mi casa han entrado dos veces en poco tiempo. No se puede dejar ni una maceta fuera, ni una radio a la vista ni una cortina tendida", agrega. Además, los hábitos de comportamiento entre los que supuestamente trafican también han variado. Antes se llevaba una convivencia más o menos "pacífica" y, por supuesto, muy tolerante por parte de la mayoría de los vecinos. Sin embargo, ahora, los traficantes presionan a los propietarios de las viviendas colindantes a las suyas para que se las vendan.

Ayer, una representación de la asociación de vecinos acudió a la subdelegación del gobierno para entregar más de 800 firmas que sustentan la petición de destierro de los traficantes. En la reunión que mantuvieron con los responsables de las fuerzas de seguridad, el alcalde, el delegado de Hacienda y el de la Agencia Tributaria se trataron toda una serie de medidas a poner en marcha. Sin embargo, uno de los mayores problemas quedó aplazado hasta una próxima reunión en la que estará presente un representante de los jueces. Éstos han corrido, en los últimos días, con la "culpa" de no facilitar la labor policial al no conceder las órdenes de registro necesarias para entrar en los domicilios después de analizar unas pruebas que consideran insuficientes. De hecho, el subdelegado del Gobierno, Vicente Sánchez Peral, aseguró que de los últimos quince registros solicitados sólo han sido concedidos "dos o tres" y, uno de ellos, una semana después de que se efectuara la petición. De esta manera, Sánchez Peral, quien defendió tanto la actuación policial como la judicial, afirmó que se intentará coordinar y unificar y hacer coincidir los criterios para la solicitud y concesión de las órdenes de registro.