El PP dice ahora que no haría el palacio del Benacantil contra el CVC

El PP, a través de su portavoz en el Ayuntamiento de Alicante, Pedro Romero, dio ayer un giro de 180 grados acerca de su opinión sobre la validez de los dictámenes del Consell Valencià de Cultura (CVC), y aseguró que un pronunciamiento de este órgano en contra de la construcción de un palacio de congresos en el monte Benacantil hubiera implicado una marcha atrás en la ejecución del proyecto.

De haberse producido una negativa por parte del CVC en el sentido de no ocupar esa parte de la ciudad, "está claro que el Ayuntamiento no hubiera contravenido esa exigencia", declaró Romero unas semanas después de que el mismo Zaplana anunciara que el palacio, promovido por el alcalde Luis Díaz Alperi, del PP, se construiría "diga lo que diga" el CVC.De "cínica" e "insulto a la inteligencia" calificaron los partidos de la oposición y la plataforma cívica Salvem el Benacantil esas declaraciones del PP. "Es una muestra más de la cara dura que tienen", dijo el portavoz de EU, José Luis Romero, "porque si algo ha quedado claro en este proceso es el menosprecio y el ninguneo al que el PP ha sometido a ese órgano, al que ha hecho doblar el espinazo y cambiar de opinión, y ahora se aferran a ese dictamen incoherente y absurdo para potenciar el proyecto".

Salvem el Benacantil emitió un comunicado muy crítico con el CVC, al que acusa de haberse "plegado" a las exigencias del Consell en lugar de primar su independencia de criterio. Los portavoces de la plataforma califican de "fracaso" el trabajo de Santiago Grisolía, al que consideran "la persona menos adecuada" para dirigir el CVC.

Partidos y colectivos contrarios a la construcción del palacio en el Benacantil anunciaron que trasladarán el asunto a los tribunales cuando la Consejería de Urbanismo apruebe la modificación del planeamiento urbanístico de Alicante y el Plan Especial del Benacantil, imprescindibles para poder ejecutar el proyecto. Será entonces cuando se denuncie la agresión al entorno de un Bien de Interés Cultural (el castillo de Santa Bárbara) y la inexistencia de un plan de delimitación del espacio protegible de ese monumento, que exige la Ley de Patrimonio aprobada por el Consell en 1998.

Mientras, la petición de Grisolía a las Cortes para que elaboren un código ético de comportamiento para los consejeros del organismo consultivo -solicitud que se produce a raíz de la difusión pública del trabajo interno-, planteando incluso la posibilidad de que se revoquen los nombramientos de sus miembros, ha originado críticas en los grupos parlamentarios de la oposición. El portavoz adjunto socialista, Andrés Perelló, señaló: "No es prudente que nos trasladen a las Cortes un problema de madurez de los miembros del CVC". "Quizá lo plantea porque está más acostumbrado a la ciencia que a la política", añadió. El líder de EU, Joan Ribó, dijo que su grupo se opone a cualquier revocación y rechazó que Grisolía proyecte en las Cortes "sus insuficiencias o las del órgano que dirige".

El consejero de Cultura, Manuel Tarancón, calificó de "absolutamente saludable" para el CVC que éste actúe "con discreción" y evitó pronunciarse sobre la revocación.