La manga riega, que aquí no llega

Tras la vocinglera respuesta de la tribu político-mediática protectora del juez Liaño a la sentencia del Supremo que le condenó a perder la carrera por un delito continuado de prevaricación, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Sala Segunda del Supremo han salido al paso de los insultos y calumnias vertidos contra los magistrados García-Ancos y Bacigalupo, firmantes del fallo. La declaración institucional del CGPJ, adoptada por 15 votos sobre 20, aclara que la crítica legítima de las resoluciones judiciales excluye las descalificaciones y los juicios de intenciones; no se trata sólo -aunque también -de que los insultos representen un atentado contra el honor de las personas: las injurias contribuyen además a "deslegitimar" a los tribunales e introducen "condicionamientos inaceptables" a su independencia. El comunicado del Pleno de la Sala Segunda del Supremo -aprobado por unanimidad- expresa igualmente su "rechazo" a esa feroz campaña de "gravísimas descalificaciones e insultos".La circunstancia de que la mayoría de la Sala Segunda condenara hace un año a Barrionuevo y Vera por el secuestro de Segundo Marey priva de verosimilitud a la tosca coartada según la cual García-Ancos y Bacigalupo -firmantes en aquella ocasión de sendos votos discrepantes- habrían condenado a Liaño con la finalidad de propiciar la nulidad de sus actuaciones como instructor del caso Lasa-Zabala. No era necesaria, por lo demás, esa prueba. La misma Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que revocó en siete ocasiones los autos de Liaño en el caso Sogecable, dictando finalmente el sobreseimiento de un sumario maliciosamente abierto en falso, revalidó por el contrario sus decisiones como instructor del caso Lasa-Zavala, elevado ya a juicio oral. Para que pudiera sostenerse en pie la burda patraña de que Liaño ha sido condenado como represalia por sus investigaciones sobre los GAL sería necesario explicar al tiempo por qué la tribu mediática consagrada a canonizarle despelleja al juez Garzón, ejemplar instructor de los dos sumarios de esa banda -el caso Amedo y el caso Marey - ya vistos por el Supremo.

Inasequibles al desaliento, los periodistas reprendidos por el CGPJ y por el Supremo prosiguen su desestabilizadora ofensiva contra la legitimidad y la independencia de los tribunales. En su triple condición -al parecer inextricable- de columnista de Abc, abogado de Liaño y diputado del PP, Jorge Trías declaró, nada mas conocer la condena de su cliente, que García-Ancos y Bacigalupo habían dictado su fallo "a sabiendas" de haber "perpetrado una tremenda injusticia" y anunció los preparativos de una acción popular para querellarse contra los dos magistrados. El diputado-letrado-periodista finge aceptar el rapapolvo del Supremo sin perjuicio de repetir luego su cantinela: "Insultos, desde luego no, pero al Poder Judicial se le debe exigir un poco mas de seriedad".

Navarro Estevan, un juez trabucaire que dispara por la espalda metralla calumniosa contra sus colegas si le llevan la contraria, sentencia como periodista que el CGPJ ha volado "hasta la cima sinaítica de los trífidos" para forzar al parlamento a restablecer el delito de desacato, "falsa braga de honor" del corporativismo judicial. También el diario El Mundo se asombra de la poca correa del CGPJ y del Supremo: al fin y al cabo, cuando Pedro J. Ramírez llama "hijos de perra" a los dos magistrados y Jesús Cacho afirma con su habitual salero que "los tegucigalpos dispuestos a liquidar Liaños se compran con diners o dinars", no hacen sino ejercer sus derechos constitucionales. Desde Abc, Campmany se une también a los cánticos en loor de "la gloria de la libertad de expresión" amenazada por el CGPJ; el director de Arriba y jefe del Sindicato Vertical del Espectáculo durante el tardofranquismo tiene la caradura añadida de presentarse como una víctima de la censura del régimen al que tan abyectamente sirvió. Cuando no existían camiones de basura y los barrenderos limpiaban las calles con mangueras, los chavales solían provocarles al grito de la manga riega, que aquí no llega. Tal es ahora la juguetona actitud de la tribu mediática protectora de Liaño: dado que la ley no les impide a García-Ancos y Bacigalupo querellarse a título personal contra sus agresores, "si no lo han hecho -incita provocadoramente El Mundo- es porque no se consideran injuriados ni calumniados".